Prieto se expone a pago de millonaria indemnización por ataque a la Terminal de CDE

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Una acción judicial contra el intendente Prieto se viene de parte de la empresa que tiene contrato hasta el 2023 para administrar la Terminal. Será por violar el documento que tiene la solidez para asegurar la seguridad jurídica dentro de un Estado de Derecho.

Prieto atropelló el derecho de una firma privada buscando hacerse de la administración de la terminal de ómnibus de Ciudad del Este. La que irá a los estratos judiciales es la concesionada empresa Itá Paraná SA. Acá también se espera una mayor concentración de la Fiscalía, cuyos miembros en CDE dejan mucho que desear.

Prieto usó la fuerza para intervenir el local en medio de gritos y violencia de su gente. El ataque a la seguridad jurídica se inició el sábado 19 de la Terminal de Ómnibus ubicada en la capital altoparanaense.

 A través de la resolución Nº 322, de fecha 18 de julio de 2019, el intendente dispuso como medida de urgencia y ordenó sacar la administración que está a cargo de la empresa Ita Paraná, representada por Benigno Villasanti Kulman. No tuvo en cuenta ni a los concejales.

La concesión de la terminal es hasta el 2023. Prieto estará en el gobierno municipal un año más. La pregunta que viene es que con el precedente de la violencia mañana puede venir otro Intendente y puede hacer lo mismo que Prieto con lo que no servirán ningún acuerdo o protocolo comercial en Ciudad del Este.

Designó a Amílcar Núñez Ibarra como encargado provisorio de la administración de la terminal, todo de manera irregular. La firma golpeada en su derecho tiene las de ganar en la instancia judicial respaldada por el contrato que rige hasta el 2023.

El caso representa un golpe a la seguridad jurídica y un abuso de poder. El abogado Víctor Daniel Ferreira representante de la firma Ita Paraná, afirma que esta semana se hará la presentación de la acción judicial contra la resolución de la Municipalidad. Consideró como “un atropello a la institucionalidad” la decisión del intendente Prieto de tomar el control de la terminal. Cuestionó la determinación de Prieto sin que antes se dictara una resolución judicial. Remarcó que la concesión fue en el marco de una licitación y que fue avalada por la Junta Municipal y la intendencia

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