La realidad en los pasillos del Hospital Central del Instituto de Previsión Social volvió a golpear con dureza a miles de asegurados, pero esta vez con la confirmación de una sospecha que genera tanta indignación como dolor. Un operativo policial y fiscal en los albergues destinados a familiares de pacientes en terapia intensiva desnudó un millonario esquema de venta ilegal de fármacos. Lo verdaderamente inadmisible es que los productos ofertados de forma clandestina eran exactamente los mismos que figuraban como agotados en la ventanilla oficial de la farmacia del hospital.
El caso salió a la luz gracias a la desesperación de una persona que, tras recibir la clásica respuesta de que el remedio para su familiar internado no estaba disponible, fue direccionada al albergue para comprarlo por fuera del sistema. La denuncia movilizó a la Fiscalía Barrial Número 7 y a las autoridades sanitarias, quienes montaron una intervención sorpresa. El resultado del allanamiento dejó al descubierto cajas de madera repletas de dinero en efectivo y un inventario oculto de insumos de uso institucional, muchos de ellos con el sello explícito del IPS y del Ministerio de Salud.
Durante el procedimiento, los investigadores incautaron desde elementos básicos de protección y enfermería —como batas médicas, jeringas, gasas y chatas— hasta potentes antibióticos resguardados en pésimas condiciones de conservación. Sin embargo, el hallazgo más alarmante fue el de medicamentos de altísimo costo económico. Entre el lote incautado sobresalían ampollas de eritropoyetina, un fármaco vital cuyo valor en el mercado comercial ronda los cuatro millones de guaraníes por unidad y que el seguro social habitualmente debe proveer sin costo a pacientes crónicos.
La red clandestina operaba a pocos metros del dolor ajeno y diversificaba su oferta vendiendo artículos de higiene, papel higiénico, dulces y perfumes, convirtiendo un espacio de descanso y contención humanitaria en un lucrativo comercio informal que se nutría del desabastecimiento. Como primera medida, una mujer fue demorada en el lugar y trasladada a la Comisaría 12.ª para ser puesta a disposición del Ministerio Público, mientras la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria analiza el cargamento para certificar la trazabilidad y procedencia exacta de cada lote.
La gravedad del asunto escaló horas después, cuando una segunda inspección en un albergue contiguo permitió detectar un nuevo depósito oculto. En esta segunda locación se decomisaron analgésicos de alta complejidad y drogas sujetas a estricto control médico, como el fentanilo, una sustancia altamente regulada por su peligrosidad y cuyo desvío al mercado negro representa un delito de seguridad pública. Si bien en este segundo punto no se registraron personas detenidas en el acto, la investigación penal apunta a identificar a las conexiones internas del hospital.
Para los asegurados que diariamente forman largas filas soportando la falta de insumos básicos y costeando de sus propios bolsillos tratamientos costosos, la confirmación de este esquema criminal representa una burla. Las autoridades del Hospital Central, junto con los equipos de auditoría interna y asesoría jurídica, prometieron colaborar activamente con la justicia para desmantelar por completo esta red de corrupción. La pesquisa ahora se centra en determinar quiénes abrían las puertas de los depósitos oficiales para alimentar el negocio que se instaló a expensas de la salud pública.
Fuente: ABC Digital
