El sistema judicial paraguayo acaba de firmar una de sus páginas más oscuras en materia de derechos de las mujeres, dejando en total desamparo a ocho funcionarias del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra.
En una alarmante resolución, el Juzgado de Paz del Distrito de San Roque de Asunción decidió levantar de un plumazo las medidas de protección que resguardaban a estas trabajadoras y rechazar su denuncia por violencia de género. La alarmante justificación del tribunal fue que, al ser empleadas estatales, deben soportar un umbral de crítica más intenso proveniente de un perfil anónimo en redes sociales. Con este argumento, el Poder Judicial confunde intencionalmente la fiscalización de la gestión pública con una brutal campaña de hostigamiento, humillación y violencia psicológica que se extendió por más de un año y medio.
La denuncia original expone un calvario informático y laboral que señala directamente a agresores concretos como Fredy Bernardo González Arrúa, Bernardo Diosnel Sosa Keémal, Rubén Estanislao Galeano y Arnaldo Andrés Britos Blanco, además de una estructura de ataque digital organizada. Durante diecisiete meses, las ocho afectadas fueron blanco de una sistemática campaña de desprestigio telemático a través de una cuenta de Facebook. Lejos de cuestionar expedientes, decisiones administrativas o el uso de los fondos públicos, los ataques se concentraron de forma exclusiva en su condición de mujeres. Las publicaciones recurrieron a términos denigratorios e infantiles, utilizando apelativos que buscaban sexualizarlas, restarles autoridad y sugerir de forma maliciosa que sus puestos de dirección no se debían al mérito profesional, sino a favores o relaciones personales con las autoridades de la institución. Las evidencias presentadas incluyeron un centenar de capturas de pantalla perfectamente ordenadas y un acta notarial que registraba mensajes violentos directos a los teléfonos de las víctimas.
La insólita postura judicial establece un peligroso precedente: si una mujer decide trabajar para el Estado y ocupar un cargo de responsabilidad, automáticamente pierde el derecho a que su dignidad sea protegida frente al acoso y la violencia telemática. Lo verdaderamente indignante del fallo es la ceguera voluntaria y la absoluta falta de rigor técnico con la que se actuó. El juzgado se negó a revisar de forma individualizada la situación de cada una de las ocho denunciantes y, de forma insólita, la sentencia exculpó en su parte dispositiva a González Arrúa, Sosa Kémal, Galeano y Britos Blanco sin siquiera exponer fundamentos reales que justificaran su desvinculación en los considerandos. Peor aún, el tribunal fundamentó el rechazo de la campaña digital argumentando que el titular del perfil anónimo no había sido plenamente identificado, trasladando así la carga de la investigación a las propias víctimas. Esta postura viola directamente la Ley 5777/2016 de Protección Integral a las Mujeres, la cual prohíbe de forma taxativa obligar a las víctimas a realizar diligencias investigativas que corresponden al sistema de justicia, y que además ordena que, ante cualquier duda, se debe creer en la palabra de la mujer afectada.
Frente a este atropello, las funcionarias, bajo el patrocinio legal de la abogada Ximena López, han interpuesto un recurso de apelación y nulidad con la esperanza de que un tribunal superior enmiende semejante injusticia. El recurso exige que se devuelvan de forma inmediata las medidas de protección, pues las trabajadoras se encuentran hoy en un estado de vulnerabilidad absoluta y expuestas a represalias continuas. La Justicia no puede seguir utilizando la libertad de expresión y el derecho a la crítica republicana como un escudo protector para los agresores. Cuando los tribunales ignoran las pruebas, fragmentan los hechos para restarles gravedad, exculpan sin argumentar a los denunciados y exigen requisitos imposibles a las víctimas, dejan de impartir justicia y se convierten en cómplices activos del machismo y el hostigamiento laboral.
