Un presunto y sofisticado esquema de corrupción pública que involucra licitaciones millonarias de alimentos e inconsistencias patrimoniales familiares en el Instituto de Previsión Social ha quedado al descubierto tras una denuncia penal formalizada ante la Fiscalía.
La acción judicial, promovida por el abogado Guillermo Ferreiro, solicita la investigación exhaustiva por supuestos delitos de enriquecimiento ilícito en la función pública, tráfico de influencias y administración en provecho propio.
El núcleo de la denuncia apunta directamente a un clan familiar con gran trayectoria en el Estado. El exconsejero de la previsional Carlos Morel Martínez (exconcejal), junto a sus hijos Carlos Morel Gadea (candidato a concejal), exmiembro del Gabinete de Presidencia, y Rosalba Morel Gadea, nutricionista de planta, habrían articulado influencias internas para beneficiar sistemáticamente a la empresaria María Gloria Paredes y al denominado «Consorcio Las Marías» con jugosos contratos de provisión alimentaria.
El fato habría quedado expuesto al cotejar información pública de la Contraloría General de la República y de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Uno de los puntos más llamativos expone cómo el consorcio fue adjudicado con una licitación superior a los 21.491 millones de guaraníes para abastecer al Hospital de Ingavi, proceso en el cual la hoy funcionaria de planta, Rosalba Morel Gadea, prestaba llamativamente servicios privados como nutricionista de la misma empresa proveedora antes de su incorporación definitiva al IPS.
A este complejo cruce de intereses se suman las sospechas por variaciones patrimoniales no justificadas en las declaraciones juradas del clan Morel. El documento penal concluye resaltando una fuerte filiación política compartida en la Seccional Colorada N.º 1 de Asunción entre los denunciados y la proveedora favorecida, un elemento que para los investigadores podría ser la clave que explique la presunta red de favoritismo con fondos de la seguridad social.
Fuente: Observapy
