La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción se convirtió en el escenario de un verdadero drama jurídico a pocos días de sus elecciones. Varios docentes decidieron aguarle la fiesta a los candidatos favoritos metiendo un freno de mano legal que dejó a todos con la boca abierta.
Resulta que las postulaciones del actual miembro del directorio del Banco Central del Paraguay, Marco Aurelio González, y de los magistrados Manuel Ramírez Candia y Karen González, fueron formalmente impugnadas ante el Tribunal Electoral Independiente porque, según los denunciantes, sus agendas simplemente no dan abasto para tantos cargos.
El profesor Francisco Llamas fue el encargado de ponerle el ojo a Marco Aurelio González, quien aspira a sentarse en el sillón del decanato. El problema es que González ya tiene un trabajo bastante demandante como Miembro Titular del Directorio del BCP, un puesto que por ley le exige dedicación exclusiva y tiempo completo. Según los argumentos presentados, pretender ser el mandamás de Derecho UNA y al mismo tiempo cuidar los hilos económicos del país es una incompatibilidad tan grande que aceptarla significaría un retroceso histórico. Para colmo de males familiares, Marco Aurelio carga con la sombra de su hermano José González, el ex director jurídico del IPS que tuvo que renunciar en medio de un escándalo por cobro indebido de honorarios.
Por otro lado, el profesor Carlos Fernández decidió hacer valer la Constitución y la famosa «Ley Anti-Ríos» para frenar en seco las candidaturas al vicedecanato del ministro de la Corte Suprema, Manuel Ramírez Candia, y de la jueza Karen González Orrego. La Carta Magna es bastante clarita en esto: los magistrados solo pueden dedicarse a la docencia a tiempo parcial, no a andar administrando facultades. Y si eso no bastaba, la ley del 2020 prohíbe expresamente que los jueces en funciones jueguen a ser decanos o vicedecanos. Como si le faltara un condimento al asunto, a Ramírez Candia le sumaron otra tarjeta roja: ni siquiera es egresado de la UNA, sino de la Universidad Católica, un detalle excluyente en los estatutos. Ahora la pelota está en la cancha del Tribunal Electoral Independiente, que tiene menos de dos semanas antes del 20 de agosto para decidir si los candidatos se quedan con las ganas o si logran el milagro de la ubicuidad laboral.
Fuente: ABC Digital
