Una serie de contradicciones documentales, dudas sobre la custodia de evidencias y llamativas omisiones en las declaraciones juradas de bienes rodean el caso del accidente de tránsito fatal en el que estuvo involucrado el diputado nacional Mauricio Espínola. El trágico suceso, ocurrido en la intersección de las avenidas Kubitschek y Cerro Corá, cobró la vida del trabajador Emilio Benítez Chaparro, quien falleció tras once días de agonía a causa de un traumatismo craneoencefálico moderado.
El percance vial se registró alrededor de las 18:35 horas, cuando la motocicleta Kenton guiada por la víctima fue impactada por una camioneta Toyota Fortuner conducida por el legislador. Si bien un test de alcoholemia practicado una hora después determinó un resultado negativo para Espínola, la actuación fiscal inmediata despertó cuestionamientos debido a la celeridad con la que se dispuso la devolución de la camioneta al parlamentario esa misma noche, una medida que contrasta con la retención extendida de la motocicleta y que vulneró los protocolos habituales de custodia sobre elementos clave para los peritajes accidentológicos.
La polémica institucional aumentó al revelarse desprolijidades en el expediente fiscal. Las copias del caso exponen contradicciones directas entre las actas policiales: mientras la versión mecanografiada de la Nota 390 señala que el motociclista circulaba sobre Cerro Corá, el acta manuscrita afirma que lo hacía sobre la avenida Kubitschek. A esto se suma la ausencia total en los registros de un inventario minucioso de daños, fotografías oficiales del escenario y pericias formales que determinen factores cruciales como la prioridad de paso y la velocidad de los vehículos.
Más allá de la arista criminal del siniestro, el hecho destapó presuntas irregularidades en el patrimonio del legislador. Al cotejar las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas presentadas por Espínola ante la Contraloría General de la República en 2018, 2021 y julio de 2023, se constató que la camioneta Toyota Fortuner involucrada en el accidente no figura en sus activos reportados. Esta omisión obliga a aclarar si el vehículo fue adquirido posteriormente —lo que requeriría la presentación de contratos, facturas y transferencias registrales que transparenten el origen de los fondos— o si se ocultó deliberadamente información al Estado.
Las dudas sobre los movimientos financieros de Espínola se extienden también al acuerdo económico alcanzado con la familia de la víctima. Documentos públicos de los primeros días de junio revelan que el diputado pactó un resarcimiento de 80 millones de guaraníes a favor de la viuda y del hijo menor del fallecido, comprometiéndose además a costear los gastos médicos y de sepelio. Debido a que esta abultada suma tampoco figura en sus declaraciones oficiales previas, diversos sectores señalan la necesidad de que el parlamentario justifique el origen de dicho dinero, ya sea mediante comprobantes de cuentas bancarias, pólizas de seguro o respaldos documentales de préstamos vigentes. Mientras el proceso avanza bajo la mirada atenta de la opinión pública, las instituciones se enfrentan al desafío de demostrar una investigación imparcial y desprovista de favoritismos políticos.
