Paraguay se vende al mundo como el edén de las inversiones, un refugio de estabilidad y «seguridad jurídica» que el poder ejecutivo promociona con entusiasmo en cada viaje internacional. Sin embargo, la crudeza de la realidad que golpea a quienes confían en el país acaba de quedar expuesta en una demoledora carta abierta publicada en el diario ABC Color. remitente es Dario Antonio Silva Junior, un ciudadano estadounidense que, cansado de los atropellos, dirigió un desesperado pero firme reclamo a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, apuntando sus cañones en especial al presidente de este colegiado, el doctor Alberto Martínez Simón.
Su testimonio destapa cómo, detrás del telón del discurso oficial, opera una maquinaria judicial capaz de triturar contratos, ignorar imputaciones penales y esfumar los derechos de un inversor extranjero en cuestión de minutos para beneficiar a los poderosos locales.
La historia de terror para este inversor comenzó con una promesa de progreso: Silva Junior trajo al país la fórmula, el capital y el mercado para desarrollar el millonario negocio del fármaco Tirzepatida, confiando la producción bajo un estricto acuerdo de confidencialidad a la empresa local INDUFAR Comercial e Industrial S.A. Pero en Paraguay, el éxito ajeno parece activar la codicia. Según denuncia el afectado en su carta a la Corte, en cuanto el negocio floreció, la firma paraguaya le cortó el suministro y continuó la comercialización a través de farmacias en Ciudad del Este, sospechosamente creadas a nombre de los hijos y un yerno de los directivos. La gravedad del caso no es una simple disputa comercial; el Ministerio Público ya imputó a los directores y ejecutivos de la firma por estafa, lesión de confianza y asociación criminal, una imputación que fue formalmente admitida por un Juzgado Penal de Garantías. Sin embargo, la impunidad encontró rápidamente un atajo en los pasillos de los tribunales civiles.
Cuando la justicia ordinaria intentó reaccionar ordenando a la empresa entregar 150.000 cajas mensuales del producto, la firma respondió con una burla entregando apenas 500 unidades, iniciando una frenética calesita de recusaciones e inhibiciones que hizo caer el expediente en manos de la jueza Gabriela Noemí Ramírez Morínigo. Lo que ocurrió después, tal como Silva Junior le describe detalladamente al ministro Alberto Martínez Simón, parece extraído de un manual de magia negra procesal. El lunes 10 de agosto, exactamente a las siete de la mañana, en el primer minuto hábil del día y antes de que su propia competencia estuviera legalmente firme, la jueza Ramírez firmó una resolución express que fulminó todas las medidas de protección del inversor. En esa misma hora, sin escuchar a la víctima y saltándose cinco pasos legales obligatorios —como el traslado, recursos pendientes y notificaciones—, la magistrada liberó a la empresa de sus obligaciones, dejando en claro que la celeridad judicial solo se aplica cuando el beneficiado es el presunto estafador.
En su reclamo público a las máximas autoridades nacionales, el denunciante advierte con dureza que el discurso de atracción de inversiones no sobrevive ni un segundo al cruzar la puerta de un juzgado de frontera. Mientras el Gobierno invita al capital extranjero, sus jueces enseñan que un contrato firmado y una orden judicial valen menos que una amistad o una influencia en el juzgado de turno. El atropello ha escalado a niveles internacionales, provocando no solo denuncias penales por prevaricato ante la Fiscalía General del Ministerio Público y quejas en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, sino también la intervención de la Embajada de los Estados Unidos y de organismos norteamericanos que persiguen la corrupción transnacional, dispuestos a hacer valer las leyes americanas que amparan a sus ciudadanos donde sea que inviertan.
La Corte Suprema de Justicia, bajo la lupa por la inacción histórica ante sus jueces, se enfrenta ahora al desafío directo planteado en esta carta abierta. El afectado no ha pedido privilegios, sino tres medidas concretas al presidente Alberto Martínez Simón y a los demás ministros: una investigación urgente sobre tráfico de influencias en el fuero civil de Ciudad del Este; una auditoría forense profunda al expediente digital y físico para demostrar cómo se «cocinó» el fallo express durante el fin de semana; y, finalmente, que la Contraloría General revise las declaraciones juradas de la jueza Ramírez Morínigo. El inversor extranjero cuestiona abiertamente un ostentoso tren de vida marcado por vehículos de alta gama, ropas de marca, departamentos de lujo y viajes por el mundo como magnate; un nivel de opulencia millonaria que ningún sueldo del Poder Judicial puede pagar. Si la máxima instancia del país no actúa ante esta flagrante denuncia, el ministro Martínez Simón y su colegiado estarán confirmando que en Paraguay la seguridad jurídica es una ficción y la justicia, una mercancía al mejor postor.
