La Cámara de Senadores se metió de fondo para indagar sobre el sistema financiero paraguayo y apuntó sus reflectores directamente hacia el Banco Central del Paraguay.
En una movida de alto impacto político y económico impulsada por los senadores Lider Amarilla y Colym Soroka —con el respaldo inicial de legisladores como Celeste Amarilla y Carlos Núñez—, el Congreso exige que el ente regulador rinda cuentas en un plazo de 15 días sobre maniobras multimillonarias, fusiones bajo sospecha, denuncias de desamparo a ahorristas y una ola de ciberfraudes que golpea a miles de usuarios.
La ofensiva parlamentaria no dejó margen para la tibieza: la consigna planteada por los proyectistas es fiscalizar a las gigantes bancarias «con la misma vara» y sin privilegiar a los «tiburones grandes» del mercado.
Por un lado, la lupa se posó sobre los gigantes de la banca privada. El Senado exige explicaciones sobre cómo se manejaron las absorciones y fusiones más pesadas de los últimos cinco años, con nombres propios como Banco Atlas, Banco Familiar, Sudameris, BBVA, Banco Regional, Banco Visión y Banco Río. La gran incógnita a develar es bajo qué criterios el BCP permitió diferir pérdidas por morosidad a plazos desproporcionados —incluso de hasta diez años— y si se habrían concedido facilidades extraordinarias, como el «desencaje legal», para aliviar a las entidades adquirentes mientras el costo real se ocultaba bajo el alfombrado contable.
Pero el problema no se frena en los balances de bancos. El impacto social y humano saltó a la luz tras la absorción de Banco Regional por parte de Sudameris, dejando un tendal de afectados en el departamento de Itapúa. Al respecto, se denunció que pequeños inversores y accionistas siguen sin cobrar sus Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), mientras que decenas de trabajadores con hasta 20 años de antigüedad habrían sido presionados a firmar liquidaciones expeditivas o despedidos sin justificación, en un escenario marcado por la inacción de las autoridades de control.
El otro frente de batalla toca directamente el bolsillo del ciudadano a pie: la seguridad digital. El pedido de informes aprieta las tuercas al BCP sobre su desempeño ante la ola de fraudes cibernéticos registrado entre 2025 y 2026, enfocado especialmente en el Banco Itaú Paraguay. Los legisladores exigen saber qué sanciones se aplicaron, si existen investigaciones abiertas sobre la posible complicidad de funcionarios en hechos delictivos y si realmente se implementaron medidas correctivas contra las fallas en los sistemas informáticos de la banca comercial.
El mensaje desde el Congreso es contundente: la era de las reglas a medida para el sector financiero está bajo examen estricto, y el BCP ahora tiene la palabra.
