El presidente Santiago Peña transgredió la Constitución Nacional. La misma que juró respetar, cumplir y hacerla cumplir hace solo pocos días. Lejos de cumplir con este compromiso asumido con la Carta Magna, la violó de manera flagrante nombrando como consejeros de la Itaipú Binacional a varios ministros del Poder Ejecutivo, como ser la jefa de Gabinete, Lea Giménez; el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos; el titular del Ministerio de Industria y Comercio, Javier Giménez; el asesor jurídico de Presidencia, Roberto Moreno; y el canciller Rubén Ramírez Lezcano. Al parecer, Peña creyó que al nominar “ad honorem” a sus ministros estaría exento de responsabilidad de haber transgredido de forma contundente la piedra angular de nuestro ordenamiento jurídico, seguramente a instancias de su asesor jurídico «Hilo» Moreno, quien llamativamente también figura en el decreto presidencial.
La norma constitucional inserta en el Art. 241 los requisitos para ser ministros del Ejecutivo, pero también resalta las incompatibilidades que el cargo trae aparejado, remitiendo estas a las establecidas para el Presidente de la República. Esta remisión nos obliga a ir al Art. 237 (De las incompatibilidades) del Presidente y Vicepresidente y está norma establece que los mismos (ministros) no pueden ejercer cargos públicos o privados remunerados o no mientras duren en sus funciones, debiendo dedicarse en exclusividad a sus funciones.
La normativa constitucional es muy clara y no da pie a ninguna interpretación en contrario, pues prohíbe a los ministros tener otros cargos (remunerados o no) excepto la docencia, por lo que el Decreto Presidencial de designación como consejeros adolece de legalidad al violar de manera clara y contundente la propia Constitución Nacional, siendo esto incluso causal de juicio político por mal desempeño en sus funciones, por haber transgredido de manera categórica y sin miramientos la propia Carta Magna a la que juró cumplir y hacerla cumplir.
Cuando los nombramientos de las personas en los cargos son ilegales, obviamente también lo son los trabajos y las decisiones que vayan a tomar en el cumplimiento de esas delicadas funciones que se les encomienda, máxime teniendo en cuenta que estas designaciones son bastante delicadas con respecto a que serán la cara visible nada menos que ante la Itaipú Binacional, lugar de preponderancia e importancia para el país, que lastimosamente puede peligrar sus chances en la renegociación del tratado con los pares brasileños, pues las decisiones que tomarán como consejeros serán ilegales y sin ningún valor jurídico a futuro. Ojalá y se revea este decreto peligroso e ilegal.
