Mientras las farmacias oficiales del Instituto de Previsión Social justifican la falta de insumos básicos dejando a la deriva a cientos de asegurados, un mercado negro opera con total impunidad en el corazón del Hospital Central.
Familiares de pacientes internados en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) denuncian que son empujados a comprar medicamentos dentro del propio albergue de la institución, con la alarmante particularidad de que los productos llevan el sello oficial de uso exclusivo de la previsional.
La red clandestina se nutre del miedo y la vulnerabilidad de las personas que pasan los días esperando noticias de sus seres queridos. Según reveló un denunciante anónimo, el canal de captación funciona a través de un grupo de WhatsApp originalmente creado para coordinar los informes médicos y las visitas al albergue. Es en ese espacio digital, repleto de familias desesperadas, donde se distribuyen los avisos sobre la disponibilidad de fármacos que la farmacia oficial declara agotados, ofreciéndolos a precios sospechosamente inferiores a los del mercado privado.
El esquema cuenta con una complicidad interna que agrava la situación. De acuerdo con los testimonios, son algunas de las propias enfermeras quienes orientan discretamente a los familiares hacia el albergue, señalando que allí conseguirán lo que necesitan de forma inmediata y económica. En medio de la urgencia por salvar la vida de un familiar, la necesidad bloquea cualquier cuestionamiento, forzando a los asegurados a pagar en efectivo por recursos que por derecho les corresponden de manera gratuita.
Las transacciones ocurren a la vista de todos. El denunciante relató que adquirió tres ampollas de Tramadol HCl por 75.000 guaraníes y tres de Metoclopramida por 30.000 guaraníes, todas ellas con los distintivos oficiales intactos. La indignación radica en la contradicción sistemática: si el hospital dispone de las ampollas, estas deberían aplicarse de forma directa en las salas de internación en lugar de ser extraídas para alimentar un comercio ilegal que lucra con el bolsillo de los trabajadores.
La reacción de las autoridades ante este escándalo no se hizo esperar. Tras la difusión de las pruebas y los mensajes que incriminan las operaciones internas, el gerente de Salud del IPS, el doctor Derlis León, calificó el escenario como una irregularidad absoluta e intolerable. La autoridad médica de la institución prometió una investigación inmediata y rigurosa a cargo de la Gerencia de Logística, la cual auditará la trazabilidad y el número de lote de las ampollas vendidas para identificar con precisión el punto exacto de la fuga y a los responsables de esta red fraudulenta.
Fuente: ABCDigital
