El trágico accidente de tránsito en el que un humilde trabajador perdió la vida destapó una serie de contradicciones en las declaraciones juradas que el diputado nacional Mauricio Espínola presentó en la Contraloría. Tras una revisión de sus declaraciones juradas, los números no cierran y las dudas sobre su verdadero patrimonio crecen.
Ni la lujosa camioneta Toyota Fortuner que manejaba el legislador al momento del choque, ni los 80 millones de guaraníes en efectivo que entregó como resarcimiento a la familia de la víctima aparecen en sus registros oficiales, sembrando un manto de sospecha que el político todavía no logra aclarar.
Los documentos analizados revelan un salto económico difícil de explicar. En 2018, Espínola declaró un patrimonio neto de apenas 30 millones de guaraníes, pero para julio de 2023 esa cifra ya superaba los 164 millones. Aunque parte del aumento se justifica por la corrección de un grosero error del pasado —donde anotó el valor de un vehículo en dólares como si fueran guaraníes—, los verdaderos problemas surgen al mirar el resto de sus finanzas de ese mismo año. Según sus propios reportes de ingresos y gastos ordinarios, al legislador solo le quedaban unos 6,4 millones de guaraníes libres al mes, un margen llamativamente ajustado para los movimientos de dinero que realizó tras el siniestro en el cruce de Kubitschek y Cerro Corá.
El misterio se profundiza con una operación inmobiliaria fantasma. En su lista de deudas pendientes figuraba un millonario compromiso de más de 578 millones de guaraníes que estaba prácticamente cancelado. Lo extraño es que, a pesar de haber pagado casi la totalidad de esa suma, el diputado nunca registró a su nombre ningún departamento, casa, terreno o propiedad en construcción que justificara semejante desembolso. Las sospechas apuntan a saber si existió una compra oculta, una rescisión de contrato o una cesión de derechos que Espínola prefirió omitir ante el fisco.
Ante este confuso escenario, la ciudadanía y las autoridades esperan respuestas claras respaldadas con documentos, contratos y facturas. Un representante del Poder Legislativo tiene la obligación de ser el primero en garantizar la transparencia de sus bienes. Sin embargo, los baches entre sus activos, sus pasivos y la realidad de lo que gasta en la calle siguen creciendo, y el prolongado silencio del legislador solo alimenta la desconfianza general.
