El Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández, firmó las resoluciones F.G.E. Nº 1652 y 1653, con las cuales dispuso una masiva reorganización dentro del Ministerio Público. Esta reestructuración implica el desplazamiento de la cúpula de varias dependencias altamente sensibles y la creación de nuevos despachos estratégicos que entrarán en vigencia formal a partir del próximo 26 de mayo.
Las medidas buscan dar respuesta a la fuerte presión ciudadana e institucional sobre el desempeño de ciertos agentes fiscales vinculados a la inacción o la presunta selectividad en causas de corrupción.
Entre las movidas de mayor peso político e institucional destaca la salida de María Soledad Machuca Vidal de la estratégica Unidad Especializada de Delitos Económicos, Anticorrupción y Lavado de Dinero (UDEA). Machuca, una de las adjuntas con mayor influencia dentro de la estructura fiscal, venía arrastrando constantes críticas por parte de sectores de la oposición y de la ciudadanía que la acusaban de ejercer una supuesta selectividad política y de archivar o «cajonear» causas emblemáticas. En su reemplazo asumirá Nancy Graciela Salomón Marín, quien posee un perfil eminentemente técnico y no registra antecedentes de mal desempeño ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Por su parte, Machuca pasará a coordinar áreas ordinarias como transición, ejecución penal y medioambiente. Los cambios también impactan con fuerza en las zonas de frontera. El fiscal adjunto Jorge Sosa García fue removido del Área X, correspondiente al departamento de Alto Paraná, y enviado al Área XVI en Ñeembucú. La gestión de Sosa en Ciudad del Este se encontraba bajo la lupa pública debido a reiterados cuestionamientos de la prensa local y de denunciantes que acusaban una marcada pasividad e inacción ante más de 30 denuncias presentadas por presunta corrupción contra la administración del intendente local, Miguel Prieto.
Tras este desplazamiento, el control de la conflictiva zona del Alto Paraná quedará en manos de Celso José Sanabria González, caracterizado por un perfil más operativo.
Por otra parte, la reestructuración firmada por el Fiscal General contempla la creación de nuevas oficinas dentro de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos de Asunción. Para liderar estos despachos recién diseñados, Rolón designó a los agentes Lorenzo Lezcano y Federico Delfino, quienes asumirán estas funciones sin dejar sus labores previas en el área de Antisecuestro.
La inclusión de estos nombres genera particular atención, dado que ambos fiscales arrastran un historial polémico: Lezcano ha sido salpicado previamente por sus presuntos vínculos y filtraciones en el caso de la red de narcotráfico de Sebastián Marset, además de figurar en supuestos chats con el fallecido diputado imputado Eulalio «Lalo» Gomes, mientras que Delfino también acumula cuestionamientos por sus actuaciones en causas de alta sensibilidad.
Fuente: Ñanduti
