La reciente remisión de más de 300 legajos sospechosos por parte del Ministerio de Educación y Ciencias, al Ministerio Público ha destapado una alarmante red de falsificación de diplomas universitarios en Paraguay.
Aunque inicialmente se creyó que el fraude se limitaba al sector docente, un cruce exclusivo de datos revela que el esquema delictivo es mucho más profundo y peligroso: alcanza a funcionarios del Instituto de Previsión Social, del Ministerio de Salud Pública y de la propia Corte Suprema de Justicia, muchos de ellos en contacto directo con los ciudadanos y con la toma de decisiones críticas.
En el ámbito de la salud, la situación es alarmante. Al menos diez funcionarios del IPS están bajo la lupa fiscal, desempeñando labores que van desde auxiliares de apoyo médico encargados de historias clínicas hasta supervisores con salarios superiores a los siete millones de guaraníes, encargados de coordinar personal y velar por la seguridad de los pacientes.
Asimismo, el Ministerio de Salud Pública alberga a médicos, licenciadas en enfermería y asistentes administrativos cuyos títulos profesionales están bajo seria sospecha de ser apócrifos, lo que representa un riesgo latente para la vida de miles de paraguayos.
La sombra de la ilegalidad también se extiende al sistema judicial. Varios auxiliares administrativos que forman parte de la estructura de la Corte Suprema de Justicia figuran en la carpeta fiscal por poseer presuntos certificados de contenido falso. Este descubrimiento se suma a los mediáticos y cuestionados títulos «mau» en el ámbito de las leyes, que salpican tanto a políticos como a familiares de legisladores encargados de investigar, paradójicamente, estos mismos fraudes en el Congreso.
En medio de la indignación generalizada por la falta de controles efectivos, el escándalo se agudiza por la aparente impunidad institucional. En el propio MEC, funcionarios han denunciado el «premio» otorgado a Natalia Ortiz Benítez, exdirectora de Universidades e Institutos Superiores. A pesar de haber sido removida de una oficina clave tras el estallido del caso, Ortiz Benítez fue reubicada inmediatamente como Directora de Gabinete de Educación Superior con un millonario salario mensual que supera los dieciocho millones de guaraníes. Su reubicación, supuestamente amparada bajo protección política del oficialismo, expone las profundas contradicciones de un sistema estatal que, mientras promete depurar sus instituciones, continúa amparando el fraude y los privilegios.
Fuente: ABC Digital
