El blindaje de las artimañas judiciales finalmente encontró un límite infranqueable en los tribunales. En una contundente resolución, el juez Osmar Legal ordenó el arresto domiciliario y la colocación de tobilleras electrónicas para el entorno familiar más cercano del cuestionado diputado cartista Esteban Samaniego, tras un escandaloso historial de maniobras dilatorias destinadas a congelar un proceso por presunta corrupción pública.
La medida golpea de lleno el corazón del poder político local en Quyquyhó. Patricia Corvalán, actual intendenta de dicha localidad y esposa del legislador, junto a Blanca Álvarez, madre de Samaniego, son las principales afectadas por la decisión judicial. Ambas mujeres, acusadas en el marco de una investigación penal que rastrea el presunto desvío de nada menos que 1.109 millones de guaraníes de las arcas municipales, venían esquivando sistemáticamente la realización de la audiencia preliminar mediante el uso recurrente de recursos infundados.
Desde diciembre de 2024, el Ministerio Público ha exigido que este caso sea elevado a un juicio oral y público; sin embargo, los procesados implementaron una estrategia de relevos para suspender las citas y desafiar la paciencia del sistema de justicia.
El esquema de impunidad procesal no solo incluía al núcleo familiar del parlamentario. La resolución del magistrado también alcanza con arresto domiciliario y control electrónico a Ruth Mercedes Medina Yegros, actual candidata a intendenta de Quyquyhó por el Partido Colorado, al empresario Andrés Alfredo Arrúa Brítez, y a los funcionarios municipales Manuel Olazar Duarte y Carlos Aurelio Bareiro Bogarín. Todos ellos forman parte del grupo de catorce personas acusadas por presunta lesión de confianza en una trama que se remonta al año 2015, período en el cual el propio Esteban Samaniego se desempeñaba como jefe comunal de la ciudad y manejaba los fondos de los contribuyentes.
Mientras su entorno de confianza y sus familiares directos empiezan a enfrentar las consecuencias restrictivas de la ley, el diputado Samaniego continúa en una posición de privilegio procesal. Gracias a la inacción y la complicidad de sus colegas en la Cámara de Diputados, quienes hasta la fecha se han negado a aprobar su desafuero, el legislador sigue eludiendo el banquillo de los acusados. La firmeza del juez al ordenar estas detenciones domiciliarias envía un mensaje de tolerancia cero frente al abuso del derecho, dejando en evidencia el contraste entre los ciudadanos que deben someterse a las reglas y aquellos que se resguardan detrás de los fueros del poder.
Furnte: ABC Digital
