El Ministerio Público desarticuló un sofisticado esquema criminal dedicado a la falsificación e inserción de títulos apócrifos en Ciencias de la Educación para burlar los controles del Ministerio de Educación y Ciencias.
Hasta el momento, las pesquisas lideradas por la fiscala Teresa Sosa exponen un engranaje delictivo con roles claramente distribuidos que van desde la simulación de institutos hasta la infiltración de documentos en las oficinas estatales, estimándose que la cantidad de diplomas falsificados podría ascender a unos 1.500 en total.
El engranaje del modus operandi se sostenía sobre tres pilares fundamentales bien definidos. El primero de ellos involucraba a falsos directores de centros educativos, identificados como Sergio Pera y Herminia Fretes Vázquez, quienes se encargaban de confeccionar y expedir los cartones universitarios fraudulentos.
Las universidades supuestamente emisoras confirmaron de inmediato el fraude al certificar que los supuestos graduados jamás pisaron un aula ni figuran en los registros de matrícula o pago de cuotas.
El segundo eslabón clave en la estructura operativa correspondía a Alberto Antonio Ríos Ayala, sindicado por los investigadores como el gestor logístico de la red. Su función primordial consistía en introducir físicamente los certificados de estudio y títulos falsos dentro de las propias dependencias del MEC. A través de este trámite, el gestor logístico lograba saltar las alarmas institucionales para obtener las matrículas oficiales de docentes y el posterior nombramiento o contratación de los implicados en escuelas públicas del país.
Finalmente, el esquema capitalizaba dos perfiles distintos de maestros «mau». Por un lado, se encontraban aquellos educadores que compraban directamente los diplomas falsos a sabiendas del fraude con el único fin de ingresar al Concurso Público de Oposición. Por el otro, operaba la captación de estudiantes mediante institutos de enseñanza no habilitados por el Cones que funcionaban de forma masiva en el interior del país; estos alumnos cursaban y pagaban cuotas durante cuatro años para acabar recibiendo títulos inservibles y carentes de todo valor legal. Actualmente, doce personas se encuentran imputadas mientras la auditoría interna del MEC se extiende a centenares de nuevos casos bajo sospecha de complicidad interna.
