Asfixiadas por una deuda soberana que ya roza los 1.000 millones de dólares y ante el inminente riesgo de un colapso en el abastecimiento de medicamentos esenciales, las proveedoras farmacéuticas del Estado paraguayo han terminado por capitular.
Pese a una abierta disconformidad, el sector ha aceptado el complejo esquema de «factoraje» propuesto por el Gobierno, viéndose forzado a asumir de su propio bolsillo altísimos costos financieros con tal de destrabar una parte del millonario saldo vencido.
La decisión no nace del consenso, sino de la desesperación. Tras meses de intensas e infructuosas negociaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas, los representantes de la industria debieron resignarse a la única opción viable que el Gobierno dejó sobre la mesa: ceder sus derechos de cobro por valor de 360 millones de dólares a entidades bancarias privadas. Sin embargo, este mecanismo de «factoraje» impone un peaje sumamente gravoso para las empresas, que deberán absorber tasas de interés de entre el 11% y el 12% para poder percibir el pago de lo que el Estado ya les adeuda por servicios y medicamentos entregados.
Edgar Villalba, vicepresidente de la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, calificó esta medida de «inevitable pero dolorosa», reconociendo que, aunque el Ministerio de Economía colaboró para mitigar el impacto y negociar condiciones más favorables con la banca, la industria carga finalmente con el costo financiero de la morosidad estatal. Al final, las empresas asumen el interés de una cuenta que no les pertenece para no detener la operatividad de sus plantas y distribuidoras de medicamentos.
Para agravar las cosas, esta inyección económica no representa una solución definitiva. La letra chica del acuerdo establece que el factoraje solo se aplicará al rubro de adquisición de medicamentos tradicionales. De esta manera, el auxilio financiero deja a la deriva otros servicios de vital importancia, tales como el suministro para diálisis, los recursos de amparo judicializados y los servicios logísticos integrados, dejando fuera del rescate a múltiples proveedoras especializadas que hoy se encuentran en una situación crítica de iliquidez.
Con este panorama, las estimaciones sectoriales apuntan a que para finales del presente ejercicio fiscal la colosal deuda del año 2025 apenas se habrá reducido a la mitad. El remanente pendiente de cobro seguirá rozando los 500 millones de dólares, manteniendo un peligroso lastre financiero sobre las farmacéuticas en un escenario donde los desembolsos mensuales del Estado resultan insuficientes ante las dinámicas de compras públicas.
La crisis ya se palpa en el día a día de los paraguayos. Mientras la recaudación tributaria muestra signos de debilitamiento frente a periodos previos, el Ministerio de Salud Pública ha optado por aplicar una severa política de contención del gasto, recortando las adquisiciones mensuales de insumos médicos de un promedio histórico de 50 millones de dólares a exiguos presupuestos de entre 15 y 18 millones mensuales. Las consecuencias de este drástico freno en la reposición de inventarios ya se evidencian en las farmacias de los hospitales públicos y del Instituto de Previsión Social (IPS), donde los pacientes denuncian de forma sistemática la preocupante falta de medicamentos críticos, desde fármacos de uso diario para la presión arterial hasta tratamientos oncológicos de alta complejidad.
