La trágica muerte de Federick Nahuel Cáceres Sosa, un joven de 22 años acribillado por la Policía Nacional en un retén de Alberdi, desató una severa tormenta política sobre el ministro del Interior, Enrique Riera, cuya gestión vuelve a ser blanco de duras críticas parlamentarias ante la flagrante negligencia en los protocolos de fuerza de la institución.
El trágico operativo policial tuvo lugar en la ruta PY19, a la altura de la ciudad de Alberdi, departamento de Ñeembucú. Según los reportes oficiales, el joven automovilista no se detuvo en un retén policial instalado en la zona, lo que desató una violenta e injustificada persecución que culminó con el automóvil de la víctima recibiendo más de treinta impactos de bala. Cáceres Sosa falleció poco después tras ser alcanzado por los proyectiles de los uniformados. Las inspecciones posteriores confirmaron de manera contundente que la víctima se encontraba completamente desarmada y carecía de antecedentes, lo que dejó en evidencia un grave incumplimiento de las normas básicas de uso proporcional de la fuerza policial.
Ante la gravedad de este presunto caso de «gatillo fácil», la justicia ordenó la prisión preventiva para doce agentes policiales involucrados en la fatídica barrera. Mientras el propio ministro Enrique Riera se vio obligado a admitir que «no detenerse en un retén no es un delito» y a pedir disculpas públicas a los familiares del joven asesinado, los cuestionamientos hacia su idoneidad para seguir al frente de la cartera de seguridad interna no tardaron en manifestarse con vehemencia en los pasillos del Congreso Nacional.
Al respecto de esta tragedia, el diputado Hugo Meza reflexionó profundamente sobre la actuación policial y lanzó una dura sentencia política contra el titular del Ministerio del Interior: «Enrique Riera se lleva otro muerto más a su ropero», enfatizando tajantemente que «este tipo de hechos nunca más deben volver a ocurrir».
El legislador remarcó que un procedimiento de control preventivo no puede bajo ninguna circunstancia transformarse en una sentencia de muerte dictada de forma unilateral en plena vía pública por las fuerzas del orden, instando a que se depuren de inmediato las responsabilidades políticas y operativas para garantizar que la ciudadanía esté protegida por quienes constitucionalmente tienen ese deber.
Fuente: Ñanduti
