El presidente de la República, Santiago Peña, mantiene su postura reacia a esclarecer el origen de una millonaria diferencia detectada en sus declaraciones juradas de bienes entre los años 2017 y 2023. De acuerdo con denuncias de legisladores de la oposición y análisis de juristas, existe un desfasaje de más de 9.000 millones de guaraníes que el mandatario se niega a justificar, lo que motivó una denuncia en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.
Los cuestionamientos técnicos se basan en la comparación de los documentos presentados ante la Contraloría General de la República. Al dejar el cargo de ministro de Hacienda en 2017, Peña reportó un patrimonio neto de 1.352 millones de guaraníes. Para el año 2023, al asumir la presidencia, su patrimonio neto declarado trepó a los 23.000 millones de guaraníes, reflejando un incremento total de más de 20.000 millones. Al deducir los ingresos estimados que percibió durante su paso por el sector privado como director de Banco Basa (estimados en unos 12.262 millones de guaraníes), todavía queda un saldo de 9.000 millones de guaraníes sin una fuente de origen clara.
Expertos del ámbito jurídico, como los abogados Ezequiel Santagada y Felino Amarilla, señalaron que el Ministerio Público debe investigar el caso de forma rigurosa y cruzando datos con las declaraciones impositivas y los ratios regulados por el Banco Central del Paraguay.
Asimismo, criticaron con dureza a la Contraloría por omitir este periodo en su examen de correspondencia institucional, advirtiendo la existencia de un doble estándar, ya que en situaciones idénticas que involucraban a otros funcionarios del sector privado y público sí se realizaron las indagaciones pertinentes. Por su parte, Amarilla recordó que el propio Peña habilitó legalmente que se revise el origen de sus bienes al haber presentado de forma voluntaria su Declaración de Intereses Económicos ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral cuando era precandidato, donde detalló poseer acciones, bonos y depósitos en diversas firmas.
A la controversia financiera se sumó el repudio de referentes políticos de la oposición tras las recientes declaraciones del jefe de Estado. Ante las consultas insistentes de los trabajadores de prensa sobre su vertiginoso crecimiento patrimonial, Peña respondió de forma evasiva e insinuó de manera directa que el grupo criminal conocido como el clan Rotela podría estar financiando los ataques y las preguntas incómodas de los periodistas. Legisladores opositores calificaron esta reacción como un berrinche infantil, un acto de amedrentamiento y un grave intento de censura, recordando al mandatario que en un sistema democrático las rendiciones de cuentas se responden con absoluta transparencia y apego a las instituciones, no utilizando el aparato discursivo del poder para amenazar la labor informativa.
Fuente: Ultima Hora
