El consejero del Instituto de Previsión Social, José Emilio Argaña, ha decidido minimizar la tormenta que lo rodea. Pese a las fuertes objeciones del sector empresarial —representado por Febrinco y la Unión Industrial — y a estar en la mira del Ministerio Público, Argaña pretendió dar por cerrado el conflicto, recurriendo a una llamativa ironía: calificó como «un halago» que se pida su salida por haber usado días de vacaciones para cuestiones partidarias, jactándose de ser tan imprescindible para la previsional que ni siquiera puede ausentarse.
Sin embargo, detrás de su narrativa de eficiencia y «conciencia tranquila», persisten serias dudas sobre su rol en el manejo de los fondos de los asegurados. Aunque el consejero se escuda en que votó en disidencia o se abstuvo en los cinco polémicos puntos bajo la lupa de la Fiscalía, su postura esquiva frente a la opinión pública enciende las dudas. Argaña argumentó que la transparencia se demuestra puertas adentro y que no puede «llamar a la prensa cada vez que disiente», dejando la responsabilidad de la difusión exclusivamente en manos de la Contraloría y pretendiendo que sus votaciones secretas basten para garantizar su idoneidad.
Lejos de asumir una autocrítica por la pérdida de confianza de los principales gremios industriales y comerciales del país, el funcionario redujo la crisis a una simple «herida» o puja de poder interna entre Feprinco y la Asociación Rural por el control del cupo en el IPS. Al tildar de «insignificantes» los motivos por los cuales se pide su remoción y calificar de «lamentable» el intento de apartarlo, Argaña no solo relativiza las exigencias de ética pública, sino que deja en evidencia un peligroso atrincheramiento en uno de los cargos más sensibles y cuestionados de la administración pública paraguaya.
Fuente: Radio 1000 AM
