Hay que tener demasiada fe en el olvido —o un descaro nivel leyenda— para postularse a cuidar la plata de todo un país esperando que nadie busque su nombre en Google. Eso intentó el abogado Édgar Hernán Sosa Gómez, quien buscaba convertirse nada menos que en el próximo Contralor General de la República, pero terminó expulsado de la carrera por una «pequeña» amnesia sobre su pasado.
En su audiencia pública del pasado 9 de julio, Sosa Gómez miró fijamente a los senadores y prometió con voz firme que jamás en su vida había tenido un solo sumario ni una sanción administrativa. Un verdadero santo de la justicia. El pequeño detalle es que las hemerotecas y los archivos judiciales no opinan lo mismo: el candidato fue destituido como juez de Alto Paraná tras haberle otorgado la libertad, bien de onda, al narcotraficante condenado Damián Álvarez Frutos. Aquel «favorcito» le costó la expulsión oficial por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en 2014.
Pero la fe mueve montañas y Sosa Gómez es un optimista incorregible. Desde su salida por la puerta trasera del Poder Judicial, ha intentado una y otra vez enganchar un alto cargo público: probeó suerte para ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral y ya había intentado colarse a la Contraloría en 2015, apostando siempre a que a todos se nos hubiera olvidado el asunto.
Lamentablemente para sus aspiraciones, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado sí hizo la tarea. Con una elegante carta donde le recordaron el Artículo 5° de la Ley Orgánica de la Contraloría —el que básicamente prohíbe que personas con este tipo de «manchitas» aspiren al cargo—, la Cámara Alta le dio las gracias por participar y lo despachó de vuelta a su casa, dejándolo sin el pan, sin la torta y con la memoria bien refrescada.
