El Ministerio Público ha registrado un preocupante incremento en los procesos penales iniciados contra padres y tutores bajo la figura de violación del deber del cuidado o educación. Esta tipificación penal busca sancionar la negligencia grave de aquellos adultos que, teniendo la obligación legal y moral de proteger la integridad física y emocional de los menores a su cargo, omiten sus responsabilidades y los exponen a situaciones de vulnerabilidad, violencia o peligro mortal.
Las autoridades fiscales han enfatizado que la patria potestad no es solo un derecho, sino una responsabilidad cuyo incumplimiento grave conlleva consecuencias penales drásticas.
Entre los hechos que fundamentan este incremento de imputaciones destaca el trágico suceso ocurrido en Caaguazú, donde un niño de tan solo 8 años perdió la vida tras sufrir una violenta caída desde un caballo. El menor participaba como «guaino» o jockey en una competencia hípica no autorizada. Pese a los riesgos evidentes que implica montar animales a alta velocidad y sin ningún tipo de medida de seguridad ni equipo de protección adecuado, el padre del niño autorizó la participación del menor en el evento. Tras confirmarse el deceso del pequeño debido a las severas lesiones provocadas por el impacto, la fiscalía abrió una causa penal e imputó al progenitor por el hecho punible de falta del deber del cuidado, al haber consentido que su hijo fuera expuesto a una actividad de alto riesgo.
Otro caso desgarrador que evidencia este patrón de omisión intrafamiliar se registró en la ciudad de Pedro Juan Caballero, donde una niña de 6 años con condición del espectro autista fue víctima de una golpiza brutal perpetrada por su padrastro. Las investigaciones permitieron constatar que la menor sufría agresiones físicas continuas dentro del entorno familiar sin que sus tutores directos intervinieran o denunciaran la situación ante los órganos de protección. Ante la gravedad de los maltratos y el evidente abandono en el deber de amparo a una menor en situación de extrema vulnerabilidad por su condición de salud, la fiscalía formuló la imputación correspondiente por violación del deber de cuidado hacia los adultos responsables del hogar, además de procesar al agresor directo por violencia familiar.
Estos dos trágicos episodios reflejan un cambio decisivo en la actuación del sistema de justicia, que busca frenar la normalización del abandono, la explotación y la violencia intrafamiliar. Desde el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y la Fiscalía General se reitera que la omisión de protección hacia los menores es una falta grave sancionada por la ley, instando a la ciudadanía a denunciar de forma inmediata cualquier indicio de vulneración de derechos de niños y adolescentes a las líneas de emergencia habilitadas.
