Un nombre común, un apodo genérico y un sistema judicial que no mira rostros, sino expedientes. Esa fue la trampa invisible que sepultó la vida de Marcelo Manuel Romero durante 22 meses en el hoy extinto penal de Tacumbú. Su único pecado real fue apodaese «Chelo», un alias tan común que terminó costándole casi dos años de su existencia en el rincón más peligroso del país.
La historia de Marcelo es el retrato vivo de la indefensión. En 2019, regresó de Argentina, donde trabajaba duro como albañil, con la frente en alto y la única intención de regularizar sus papeles. Confiado en que el que nada debe, nada teme, se presentó ante las autoridades. Tres días después, el sistema le dio una bofetada devastadora: lo encerraron tras las rejas de Tacumbú, sin anestesia y sin explicaciones claras.
Lo más indignante del caso, según relata con impotencia su abogada defensora, Raquel Talavera, es que el absurdo se mantuvo en pie incluso cuando la propia víctima del asalto miró a Marcelo a los ojos y aseguró que él no era el culpable. No importó.
El engranaje judicial, ciego y sordo, ignoró la declaración y siguió adelante con la audiencia preliminar, arrastrando al peluquero a un encierro injustificable.
Este drama desnuda una realidad estructural desgarradora: la justicia en Paraguay parece ensañarse con los más vulnerables. Las familias de escasos recursos son las que terminan pagando las facturas de los errores de un sistema que primero encierra y después pregunta. Marcelo ya está libre, pero los 22 meses de terror e incertidumbre que le robaron en Tacumbú, nadie se los va a devolver.
Fuente: 1080 AM
