Bajo la premisa de que Paraguay es un territorio donde reina la inacción y la impunidad, el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, junto a su pareja Gianina García Troche, estructuró una meticulosa estrategia para fijar su residencia de retiro definitivo en el país. El plan, revelado por las investigaciones fiscales en el marco del operativo «A Ultranza Py», no solo expone las colosales ganancias de una red criminal que movió cientos de millones de dólares mediante el envío de cocaína a Europa y África, sino la profunda convicción de las organizaciones criminales de que el suelo paraguayo es un santuario inmune al alcance de la ley.
Para materializar este repliegue, la organización criminal ejecutó sofisticadas maniobras de lavado de dinero que incluyeron la simulación de compras inmobiliarias de gran envergadura. El eje central de su plan de vida era el establecimiento «23 de Abril», una estancia ubicada en el distrito de San Roque González de Santa Cruz, en el departamento de Paraguarí. Mediante transacciones que alteraban el valor real de los bienes —registrando un costo oficial de 1.800 millones de guaraníes frente a un valor real estimado en 4.240 millones— y la facturación ficticia de insumos a través de empresas de fachada como el Grupo Tapyracuai, la estructura erigió un búnker de lujo.
Este inmueble fue inscripto a nombre de la firma Summum SA con el único propósito de asegurar el patrimonio con dinero sucio y garantizar al capo criminal un destino dorado, confiado en que los esquemas de control estatal seguirían siendo ciegos ante su presencia.
Fuente: ABC Digital
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