El precandidato cartista a intendente de Luque, Hugo Farías, omitió incluir a la firma Paraguay Rent a Car dentro de su Declaración de Intereses Económicos Vinculados (DIEV) ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral, a pesar de presentarse públicamente como su propietario. Esta omisión introduce un nuevo flanco de sospecha sobre el postulante oficialista de Honor Colorado, quien ya arrastra complejas causas abiertas en el Ministerio Público y en la Contraloría General de la República por presuntas inconsistencias en su evolución patrimonial y la de su entorno familiar.
La contradicción emerge de los propios documentos oficiales de campaña de Farías. Mientras que en la DIEV ante el órgano electoral solo reportó vínculos con las firmas FARI S.A. y Paraguay Servi Trade, en su Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC) consignó taxativamente como su lugar de trabajo a la mencionada rentadora de vehículos, ubicada estratégicamente en las inmediaciones del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi. La situación cobra especial gravedad institucional bajo el rigor de la Ley 7524/2025, normativa reciente que endureció los mecanismos de transparencia electoral al exigir la declaración irrestricta de cualquier tipo de participación económica o societaria, superando el viejo esquema de acciones formales.
De acuerdo con el artículo 64 de la legislación vigente, los postulantes están obligados a informar sobre todas las sociedades en las que participen a cualquier título, sin limitarse a figuras jurídicas tradicionales o registros de representación legal. Ante la flagrante dualidad de los datos, la Unidad Especializada de Fiscalización del Financiamiento Político del TSJE se encuentra facultada para iniciar un cruce inmediato de información con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), con el fin de determinar la veracidad y completitud de lo declarado y exigir las aclaraciones pertinentes al candidato investigado.
Este frente electoral impacta de forma directa en una interna colorada de alta temperatura en el municipio luqueño, donde Farías compite contra Diego Candia por el espacio dentro del movimiento Honor Colorado. El tablero político local sumó tensión tras la declinación de Diego Romero, del sector de Colorado Añetete, quien descabalgó su postulación para unificar fuerzas en torno a Candia. Paralelamente, los movimientos de Farías —particularmente un visible acercamiento al exarquero José Luis Chilavert, referente cercano a la oposición— han sido catalogados como una «traición» por la cúpula cartista local, que interpreta el gesto como una estrategia de repliegue en caso de ser derrotado en las urnas.
Más allá de la arena electoral, el horizonte judicial de Farías es sombrío. La fiscala Sophia Galeano Gavilán remitió un pormenorizado informe al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, advirtiendo sobre serias inconsistencias de ingresos y bienes de Farías, quien además omitió presentar su declaración jurada de egreso ante la Contraloría tras cesar como juez de faltas municipal en 2025. La lupa fiscal sobre la familia se activó tras un grave accidente laboral en la empresa Arte Culinario, propiedad de su madre, Áida Aquino de Farías —hoy imputada—, donde un trabajador perdió una mano operando una trituradora sin las condiciones básicas de seguridad, capacitación ni cobertura de seguridad social.
Arte Culinario no es una firma menor: integra el consorcio adjudicado para el millonario programa estatal «Hambre Cero» en Luque y Fernando de la Mora, con contratos que alcanzan los 53 millones de dólares. A raíz de este suceso, el Ministerio Público expandió su campo de investigación hacia los activos familiares, detectando inmuebles, maquinarias de gran porte y vehículos de alta gama que no guardan correspondencia con las remuneraciones legítimas de Farías en la función pública. El reporte fiscal incluye asimismo a su hermano, Christian Raúl Farías Aquino, bajo sospecha de incurrir en una incompatibilidad funcional grave y presunto tráfico de influencias, al poseer nexos con empresas de comercio exterior mientras se desempeñaba operativamente en la Dirección Nacional de Aduana, cerrando un cerco de presión institucional que ahora interpela directamente la inacción de los órganos de control.
Fuente: Parametro News
