La Contraloría General de la República (CGR) remitió formalmente al Ministerio Público conclusiones de su examen de correspondencia integral sobre las declaraciones juradas del presidente de la República, Santiago Peña. El dictamen final emitido por el órgano extrapoder determina de forma contundente que no existen indicios de enriquecimiento ilícito ni irregularidades en la evolución financiera del jefe de Estado paraguayo.
De acuerdo con los datos revelados por el periodista Roberto Coronel, el análisis técnico de los auditores gubernamentales arrojó que no hay elementos que configuren un incremento patrimonial no razonable o no proporcional a los ingresos lícitos del mandatario. Los ingresos, bienes y depósitos declarados por el titular del Ejecutivo guardan perfecta consistencia fiscal y documental con los recursos percibidos de forma regular y comprobable.
Esta auditoría oficial se desencadenó tras una serie de denuncias promovidas desde sectores de la oposición legislativa, quienes habían cuestionado un sustancial incremento patrimonial del mandatario en el periodo comprendido entre los años 2017 y 2023. Ante tales acusaciones, que señalaban supuestas inconsistencias y el manejo de sumas en efectivo dentro de la residencia oficial de Mburuvicha Róga, el propio presidente Santiago Peña optó por presentar de manera voluntaria una actualización integral de sus bienes y rentas, solicitando formalmente a la Contraloría la apertura de este examen de correspondencia para resguardar su nombre.
El mandatario había alegado que su evolución económica en los años que permaneció fuera de la función pública —luego de desempeñarse como ministro de Hacienda— se debió en exclusividad a su labor como consultor profesional independiente y a sus inversiones en el sector privado, actividades comerciales que fueron debidamente declaradas ante la administración tributaria y sobre las cuales abonó los tributos correspondientes.
Con el informe definitivo remitido a las unidades de la Fiscalía General, la Contraloría ratifica la legalidad del patrimonio presidencial, cerrando el proceso administrativo de verificación al no detectar asimetrías o desvíos financieros que justifiquen una causa penal por presunta administración en provecho propio o lavado de dinero.
Fuente: Radio 1080 AM
