La escena política en el Distrito de Ypejhú, Departamento de Canindeyú, se ve sacudida por la candidatura a la intendencia de Ricardo Balcázar Acosta bajo la chapa del movimiento Honor Colorado (HC). Balcázar Acosta es identificado como primo hermano de Vilmar “Neneco” Acosta Marques, el exintendente de la misma localidad que cumple una condena de 30 años de cárcel, más 10 de seguridad, tras ser hallado culpable como autor intelectual del asesinato del periodista de ABC Color, Pablo Medina, y su asistente Antonia Almada en 2014. El caso Medina marcó un hito en la historia paraguaya al desnudar la narcopolítica imperante en la zona fronteriza, donde Neneco Acosta operaba bajo el amparo de estructuras institucionales.
La controversia en torno a Balcázar se intensifica al observar la composición de su equipo político, ya que en su lista para la Junta Municipal figura Francisca Acosta, conocida como “Chiquinha”, hermana de Neneco y según denuncias locales, habría desempeñado funciones clave como tesorera durante la cuestionada administración del hoy condenado, lo que reaviva el temor a una restauración del antiguo esquema de poder en la zona.
Las acusaciones contra el actual aspirante a la intendencia incluyen sospechas sobre el origen de los fondos de su campaña, los cuales presuntamente provendrían de actividades ilícitas, replicando el mismo modus operandi que llevó a la caída del clan familiar hace una década.
Además de los nexos familiares y las sospechas financieras, la candidatura de Ricardo Balcázar Acosta enfrenta cuestionamientos dentro de la ANR por una supuesta doble afiliación política que saltó en los últimos días. Documentos y testimonios señalan que el candidato figura simultáneamente en los padrones de la Asociación Nacional Republicana y del Partido Liberal Radical Auténtico. Incluso, existen registros que indican su participación activa en las últimas internas liberales.
En una zona donde el antecedente de Neneco Acosta sigue fresco, el retorno de figuras de su círculo íntimo, que contaría con el apoyo de legisladores departamentales y de la Gobernación de Canindeyú, pone en alerta a las organizaciones civiles y al gremio periodístico.
