El abogado Esteban Sarubbi Lutz descalificó las versiones que vinculan la no confirmación del exjuez Mirko Oscar Valinotti Galeano con las resoluciones que afectan a la Asociación del Espíritu Santo, afirmando que la salida del magistrado responde a cuestiones ajenas al litigio. El profesional ratificó que la disputa jurídica por las 310.000 hectáreas en la región occidental es un caso judicialmente terminado con estado de cosa juzgada en cumplimiento de un contrato de dación en pago, por lo que los inmuebles se encuentran actualmente en pleno proceso de transferencia a favor de los legítimos dueños representados por su bufete.
En ese sentido, defendió la legalidad de la actuación de la exjueza Tania Irún, subrayando que su sentencia fue confirmada y validada en todas las instancias por la Cámara de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia, lo que demuestra la solidez jurídica de la resolución.
Con respecto a la reciente imputación contra la abogada de la nucleación religiosa, Chang Jin Byung, y los directivos de la asociación por supuesta frustración de la ejecución individual, Sarubbi Lutz explicó que la medida fiscal obedece a un vaciamiento de los activos de la entidad. Según el letrado, las autoridades de la organización realizaron transferencias de inmuebles a valor fiscal con el objetivo de eludir el embargo preventivo y frustrar el cobro de sus honorarios profesionales, los cuales ascienden a millones de dólares. El profesional rechazó de forma tajante los cuestionamientos de la contraparte sobre la naturaleza de las sociedades comerciales o supuestas infracciones a la Ley de Seguridad Fronteriza, calificando dichos argumentos de vacíos, estériles y carentes de lógica legal, al tiempo de remarcar que las firmas afectadas operan bajo absoluta legalidad y representan a titulares de reconocida trayectoria internacional.
