La Fiscalía Anticorrupción presentó una acusación formal contra dos personas que habrían presentado documentos académicos falsos para acceder a importantes beneficios económicos en el sector público y profesional.
La investigación, encabezada por el fiscal Christian Benítez Cáceres (su foto acompaña la publicación), señala que ambos procesados habrían incurrido en la producción de documentos no auténticos y en el cobro indebido de honorarios.
El engaño salpicó a instituciones estatales. Según los antecedentes del caso, los involucrados recurrieron a certificados de estudios y diplomas presuntamente emitidos por la Universidad Tecnológica Intercontinental (UTIC) para respaldar sus solicitudes ante la Corte Suprema de Justicia y Petróleos Paraguayos.
El primer esquema involucra a un funcionario de Petropar que solicitó un cobro extra bajo el concepto de bonificación por grado académico. Para concretar el trámite, presentó una constancia que lo acreditaba como licenciado en Análisis de Sistemas junto con su certificado de estudios completo. Sin embargo, al ser consultada la universidad, las autoridades académicas confirmaron que el funcionario nunca culminó sus estudios y que solo llegó a cursar hasta el cuarto año de la carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos. A pesar de no contar con el título correspondiente, logró cobrar dicho beneficio salarial durante varios años.
En el segundo caso, el acusado tramitó su matrícula profesional de abogado ante la Corte Suprema de Justicia presentando un título de grado y un certificado de estudios que supuestamente lo avalaban. La verificación de la UTIC arrojó el mismo patrón: los documentos eran apócrifos y el procesado solo había llegado hasta el cuarto año de la carrera de Derecho, omitiendo los requisitos finales para la titulación. Aun así, obtuvo el registro profesional con el cual ejercía.
Con los elementos de convicción recabados, la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción solicitó llevar a ambos acusados a juicio oral para responder por los perjuicios causados a las instituciones del Estado.
En su informe de prensa, el Ministerio Público omitió los nombres de los acusados.
