Mientras las autoridades promueven la compra de sofisticados drones, antenas espía y sistemas de rastreo por más de G. 11.000 millones a través del Parque Tecnológico (PTI-PY), la realidad en las zonas de mayor riesgo del país expone una brecha trágica y escandalosa.
El sangriento ataque criminal en la colonia Naranjito, departamento de Canindeyú —donde un grupo de entre 20 hombres armados asaltó e incendió un puesto policial y ejecutó a dos agentes y a un civil—, dejó al descubierto el colapso total de los servicios de inteligencia del Estado.
Lo ocurrido en Naranjito no fue un simple asalto aleatorio. Fue un operativo militarizado y planificado. Decenas de delincuentes fuertemente armados con fusiles se desplazaron, se concentraron y atacaron con absoluta impunidad. Tuvieron el tiempo y la logística para sitiar una comisaría, acribillar a sus ocupantes e incendiar el lugar sin que ningún sensor, alerta o radar del Gobierno previera el movimiento.
El contraste entre el discurso oficial y la realidad es indignante. Por un lado, los papeles del PTI-PY presumen la inversión de G. 2.901 millones en drones capaces de rastrear celulares desde el aire y otros G. 7.736 millones en potentes capturadores de señal telefónica. Por el otro lado, en el terreno real, los policías siguen apostados en casetas vulnerables, aisladas y desprovistas de cualquier capacidad de respuesta o alerta temprana ante el crimen organizado.
Este ataque demuestra que comprar tecnología millonaria a través de procesos confidenciales no garantiza la seguridad de nadie. La inteligencia no falla solo por falta de presupuesto o de aparatos modernos; falla por la ausencia de análisis en el terreno y por la desconexión total entre las computadoras de la capital y el peligro real que se vive en los departamentos más castigados por el narcotráfico y la violencia. Naranjito demostró que los drones y escáneres más caros del mundo no sirven de nada si el Estado está ciego en el lugar donde se pierden las vidas.
