Apenas una semana después del trágico e indignante fallecimiento de un niño «guaino» de tan solo 8 años de edad durante una carrera de caballos en la localidad de Cecilio Báez, departamento de Caaguazú, la arriesgada e ilegal práctica de emplear a menores como jockeys continúa realizándose impunemente en diversos rincones del país.
El trágico suceso inicial ocurrió cuando el pequeño jockey, al mando de un equino de gran porte a altísima velocidad, colisionó contra un cerco o bloqueo no retirado a mitad de la pista a 300 metros de la salida, sufriendo una caída fatal en la que fue arrollado por el propio animal.
Las investigaciones fiscales posteriores derivaron en la imputación de los padres y organizadores del evento bajo cargos de violación del deber de cuidado, homicidio culposo y exposición de niños a trabajos peligrosos, abriendo un severo debate nacional sobre la falta de fiscalización en las pistas de carreras del interior.
Sin embargo, a pesar de las contundentes imputaciones fiscales, las advertencias de las autoridades de protección a la niñez y la conmoción pública generalizada, el flagelo está lejos de detenerse. En la jornada de hoy, en el Hipódromo Municipal de Mbuyapey, se registró nuevamente la realización de este tipo de eventos hípicos bajo idénticas condiciones de precariedad, informalidad y altísimo riesgo para menores de edad utilizados para aliviar el peso sobre los caballos en apuestas de gran envergadura. Esta flagrante desobediencia normativa evidencia una profunda falla institucional en los controles municipales y policiales, donde las apuestas ilegales continúan prevaleciendo por sobre la seguridad física, los derechos fundamentales y la vida de la infancia vulnerable en el país.
