La fiscala Yeimy Adle, de Anticorrupción, imputó a Antonia Galeano (41), funcionaria del Palacio de Justicia de San Lorenzo, por cohecho pasivo agravado y tráfico de influencias. La investigación la señala como pieza clave en un esquema para cobrar dinero a cambio de gestionar arrestos domiciliarios con tobilleras electrónicas.
Según la imputación, Galeano se ofreció como intermediaria ante el juzgado penal de garantías N° 1, prometiendo facilitar que Marcelo Fabián Peña Mancuello, procesado por drogas, acceda al beneficio. A cambio, habría exigido inicialmente G. 6 millones, monto que luego se elevó a G. 7 millones.
El denunciante, Concepción Peña (padre del procesado), relató que la funcionaria le dijo que “nadie trabaja gratis” y coordinó la primera entrega de G. 3 millones en un estacionamiento cercano al juzgado, incluso utilizando una bolsa con la inscripción “Feliz Cumpleaños”.
Tras esa entrega, el proceso avanzó: se solicitó el arresto domiciliario y la colocación de la tobillera. Horas después, Galeano volvió a contactar al denunciante para exigir G. 1 millón más, supuestamente destinado a funcionarios de la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos (OMDEC) para asegurar un informe favorable.
El informe técnico llegó al día siguiente y, posteriormente, el juzgado otorgó el arresto domiciliario. Sin embargo, la funcionaria siguió presionando por el saldo restante: G. 4 millones, que —según la investigación— se repartirían entre el juzgado y supuestos contactos en el Ministerio del Interior.
Las conversaciones fueron grabadas por la familia del denunciante, lo que permitió montar una entrega vigilada que derivó en la detención de Galeano. El caso ahora apunta a destapar una posible red interna que operaba cobrando por beneficios judiciales.
Fuente: ABC Digital
