El peso de la historia y el reclamo de justicia sacuden la diplomacia paraguaya. Víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner presentaron una contundente denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por crímenes de lesa humanidad en el marco del trágico y recordado «Caso Caaguazú».
La presentación judicial apunta directamente contra la cadena de mando de la época y salpica a Darío Filártiga Ruíz Díaz, actual embajador de Paraguay en Taiwán y exasesor político de Horacio Cartes, quien durante los años de plomo se desempeñaba como secretario del temible ministro del Interior, Sabino Augusto Montanaro.
La acción penal, que abarca delitos aberrantes como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, torturas y persecución política, fue impulsada firmemente por los sobrevivientes Pedro Arthuro Santa Cruz, Arcadio Flores y Apolonia Flores. El documento presentado ante la justicia expone que las violaciones a los derechos humanos sufridas por la población campesina civil no fueron hechos aislados, sino que respondieron a un ataque sistemático y planificado desde el propio corazón del Estado paraguayo.
La denuncia busca que el Ministerio Público indague a fondo la responsabilidad de Filártiga en esa estructura represiva, así como la de otros involucrados que siguen con vida, incluyendo a Mario Cazal Gómez, exsecretario de la Delegación de Gobierno de Caaguazú, al general retirado Juan de la Cruz Peña, y a un grupo de expolicías de Investigaciones.
Los trágicos hechos que motivaron esta denuncia se remontan a marzo de 1980, en plena represión stronista contra las Ligas Agrarias Cristianas. Un grupo de unos 20 campesinos que viajaba hacia Asunción a bordo de un colectivo de la empresa Rápido Caaguazú para gestionar los títulos de sus tierras fue interceptado a tiros en un retén policial.
Los labriegos, desesperados, huyeron hacia los montes de la zona buscando refugio. Lo que siguió fue una cacería humana despiadada: el régimen desplegó un operativo masivo con helicópteros, armamento pesado y las violentas milicias civiles conocidas como «Milicias Coloradas». Al entregarse voluntariamente pocos días después, los campesinos fueron detenidos sin orden judicial; diez de ellos fueron ejecutados o desaparecidos y los sobrevivientes fueron trasladados a dependencias policiales para ser torturados de la forma más cruel.
Entre los relatos más desgarradores de la presentación judicial se encuentra el de la denunciante Apolonia Flores. En 1980, Apolonia era una niña de apenas 12 años que sobrevivió milagrosamente tras recibir seis impactos de bala durante la emboscada y posterior captura, para luego ingresar de inmediato a un infierno de torturas sistemáticas por parte de los militares. Ante la gravedad de estos testimonios, los denunciantes exigieron de manera urgente la aplicación de medidas cautelares severas para los procesados que aún se encuentran con vida, tales como la retención de pasaportes, el embargo preventivo de bienes y la prohibición de salir del país. Ahora el destino de la causa se encuentra en manos de la Fiscalía General de la República, de la cual se aguarda el nombramiento inmediato de los fiscales que deberán romper décadas de impunidad y dar respuesta a las víctimas del terrorismo de Estado.
Fuente: RdnPY
