En un sorpresivo operativo de seguridad, el Ministerio de Justicia desmanteló la red de supuestos beneficios que rodeaba al ex potentado de la usura Ramón González Daher y a su hijo Fernando González Karjallo, ordenando su inmediato traslado al Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, en la ciudad de Emboscada.
La mudanza forzosa, ejecutada bajo una estricta custodia de la Policía Nacional, se convirtió en el capítulo más reciente de la estrepitosa caída de este clan familiar que por décadas manejó los hilos financieros y judiciales de Luque.
El traslado no respondió al azar, sino al resultado de una rigurosa investigación de la Dirección de Inteligencia Penitenciaria. Los analistas estatales detectaron y desactivaron a tiempo una serie de privilegios intolerables y el acceso continuo a objetos prohibidos dentro de su anterior lugar de reclusión (celulares, sobre todo). Las alarmas encendidas dentro del sistema delataron que las rejas ordinarias no bastaban para contener las viejas costumbres de la influyente dupla.
Ramón González Daher cumple una severa condena de 15 años de prisión por usura grave, lavado de dinero y denuncia falsa, mientras que su hijo carga con una pena de cinco años por su complicidad en el blanqueo de activos. A pesar de la contundencia de estas sentencias, los informes oficiales revelaron que el poder de su estructura no se había apagado del todo en el encierro. Peor aún, las sospechas de que las víctimas seguían siendo objeto de chantajes motivaron esta enérgica reacción estatal; en mayo de este año, un afectado denunció formalmente que los «aprietes» y extorsiones continuaban ejecutándose directamente desde las sombras de la prisión.
La gota que colmó la paciencia institucional fue la recurrente e inexplicable posesión de tecnología móvil de alta gama. En enero del año pasado, se les había incautado una impresionante cantidad de diez teléfonos celulares en Coronel Oviedo, lo que provocó su traslado a la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza. Lejos de enmendar rumbo, en junio de este año la historia se repitió: una nueva requisa confiscó dos modernos dispositivos iPhone ocultos en sus celdas individuales, burlando de forma flagrante los controles internos.
Ante esta situación, el Ministerio de Justicia optó por aplicar una política de «tolerancia cero». Además de cortar de raíz la comodidad de los reos, las autoridades anunciaron la apertura de sumarios administrativos exhaustivos para identificar los eslabones corruptos de la cadena de custodia. Se advirtió formalmente que cualquier funcionario sospechoso de complicidad, facilitación o negligencia se enfrentará a duras sanciones disciplinarias y denuncias penales ante la justicia ordinaria.
A partir de ahora, tanto el padre como el hijo deberán someterse al inflexible régimen de máxima disciplina del penal de Emboscada. Sin teléfonos, despojados de cualquier trato preferencial y bajo un monitoreo permanente, el clan González Daher empieza a experimentar el rigor de la verdadera vida carcelaria, lejos de la opulencia y la impunidad que un día ostentaron.
Fuente: ABC Digital
