La suerte parece estar echada para el otrora influyente senador Erico Galeano. Lo que comenzó como un blindaje parlamentario en marzo de este año se desmoronó por completo en la última sesión ordinaria. Con el voto de todos sus colegas, la Cámara Alta revocó por unanimidad la licencia que le permitía mantenerse formalmente fuera de su banca mientras enfrentaba a la justicia.
Esta decisión no es un trámite administrativo cualquiera; es el golpe de gracia político que deja el camino libre para su inminente expulsión del Congreso. El cerco se cerró definitivamente tras la decisión del Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, que ratificó la contundente sentencia de 13 años de prisión para el legislador.
Galeano no es un procesado más: la justicia lo señala como una pieza clave en el esquema de lavado de dinero y asociación criminal vinculado al operativo «A Ultranza PY». Las pruebas que lo conectan con figuras como Sebastián Marset y Miguel Ángel «Tío Rico» Insfrán —a quienes habría facilitado logística aérea para el tráfico de cocaína— pesaron más que cualquier blindaje previo.
Mientras la defensa de Galeano agota sus últimos recursos judiciales, el mensaje del Senado ha sido contundente y unánime: ya no hay espacio para medias tintas. La anulación del permiso lo obliga a enfrentar su realidad sin el escudo del cargo. Con una condena de más de una década sobre sus hombros y el retiro total del apoyo de sus pares, el hombre que alguna vez se sintió intocable hoy ve cómo las puertas del Poder Legislativo se cierran definitivamente, mientras las de la cárcel se abren de par en par
