La Contraloría General de la República (CGR) tomó la determinación de remitir al Ministerio Público los antecedentes y los resultados preliminares del examen de correspondencia realizado a las declaraciones juradas del presidente de la República, Santiago Peña. La medida responde a una serie de denuncias presentadas por legisladores de la oposición y diversos sectores ciudadanos respecto a presuntas inconsistencias y un llamativo crecimiento en el patrimonio neto del mandatario en los últimos años.
El caso tomó un fuerte impulso público tras revelarse un incremento patrimonial exponencial, estimado por los denunciantes en torno al 1.600% entre los años 2017 y 2023, periodo en el que la fortuna declarada pasó de unos 1.351 millones de guaraníes a superar los 23.000 millones de guaraníes. Entre los principales puntos que despertaron sospechas y cuestionamientos se encuentran la titularidad y el origen de los fondos para la adquisición de diversas cuentas bancarias, acciones en el sector financiero y una lujosa mansión de veraneo ubicada en las serranías de San Bernardino, valuada con su mobiliario en más de un millón de dólares.
Ante las críticas y la presión política, el propio mandatario procedió a actualizar sus manifestaciones de bienes y solicitó a la Contraloría una revisión integral, alegando que sus activos provienen de su actividad en el sector privado, dividendos de sus acciones y créditos financieros de plaza, incluyendo millonarios préstamos bancarios y deudas particulares. Sin embargo, debido a que las explicaciones e informes del Ejecutivo no lograron disipar las dudas sobre la consistencia entre sus ingresos declarados y sus egresos cotidianos, la institución contralora resolvió derivar las actuaciones al ámbito penal. A partir de este momento, la Fiscalía General del Estado quedará a cargo de investigar si existen indicios de enriquecimiento ilícito, falsedad en las declaraciones o algún otro hecho punible contra el patrimonio público.
Fuente: Radio 1080 AM
