Denuncian que durante la gestión anterior no se impulsaron acciones contra la transferencia de inmuebles en el Chaco a firmas de paraísos fiscales, pese a las restricciones legales vigentes.
La Procuraduría General de la República (PGR) mantuvo sin avances durante casi tres años un polémico expediente relacionado con la supuesta vulneración de la Ley de Seguridad Fronteriza, cuestiona la Asociación Espíritu Santo.
La falta de impulso procesal ocurrió durante la administración de Marco Aurelio González, periodo en el que no se habrían realizado las diligencias necesarias para sancionar o revertir la entrega de territorio protegido a favor de empresas extranjeras, dice el escrito presentado.
El caso guarda relación con la contienda judicial entre la Asociación Espíritu Santo y firmas offshore radicadas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas y la República de Chipre. Esta situación es la misma que derivó anteriormente en la remoción de la magistrada Tania Irún, debido a irregularidades en el proceso de cesión de aproximadamente 310.000 hectáreas en el Chaco.
Ante la falta de respuestas, la parte afectada representada por el abogado Gerardo Galeano presentó formalmente un requerimiento ante el actual procurador, Rubén Elidio Gaona. A través de este documento, se solicita por enésima vez la apertura de una Acción Autónoma de Nulidad para salvaguardar la soberanía nacional frente a la presunta transgresión de la Ley 2532/05.
Según la misiva, la inacción de la Procuraduría permitió que los contratos cuestionados mantuvieran sus efectos jurídicos a pesar de los constantes reclamos. El escrito subraya que el Decreto 7525/11 faculta a la institución a intervenir de oficio ante anomalías en la propiedad de inmuebles situados en áreas de seguridad fronteriza.
En la nota remitida a la PGR, el abogado Galeano dejó constancia de las reiteradas solicitudes ignoradas anteriormente. «Por más de años y en reiteradas ocasiones he solicitado vuestra intervención y ante la inacción me veo obligado a reiterar dicha solicitud», menciona.
Con esta nueva comunicación, la actual administración de la Procuraduría tiene a cargo si accede o no al requerimiento de actuar contra el esquema que facilitó la entrega de tierras a sociedades de paraísos fiscales. Recordemos que el trasfondo jurídico de esta maniobra ya fue objeto de cuestionamientos por parte de integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
Cabe recordar que los ministros Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, en su carácter de miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, votaron en su momento por la destitución de la jueza interviniente al considerar que su actuación ignoró las restricciones legales que protegen el territorio nacional en zonas limítrofes.
