La Cámara deberá resolver el recurso contra la elevación a juicio oral por la presunta comisión de prevaricato en la cesión de tierras en zona de seguridad fronteriza por parte de Tania Irún.
Luego de un periodo de interrupciones procesales que se extendió por un año, se logró finalmente la integración del Tribunal de Apelación que deberá entender en los recursos pendientes dentro de la causa seguida a la exmagistrada Tania Irún. El colegiado quedó conformado por el magistrado José Agustín Fernández, junto a sus pares Paublino Escobar y Mario Camilo Torres, quienes tendrán a su cargo el estudio de las impugnaciones que mantienen frenado el avance del proceso hacia la etapa de debate público.
Esta instancia judicial debe dictar resolución sobre el recurso interpuesto por la defensa técnica de Irún contra el auto de apertura a juicio oral. La investigación fiscal se centra en la presunta comisión del hecho punible de prevaricato, derivado de una actuación judicial del año 2018 relacionada con la transferencia de aproximadamente 310.000 hectáreas de tierras a favor de firmas extranjeras. El caso cuenta con una doble elevación a juicio, tras sucesivas etapas de estancamiento procesal en los juzgados de garantías.
El abogado Francisco de Vargas, representante de la Asociación Espíritu Santo en carácter de querella adhesiva, manifestó la conformidad de su parte con la conformación del tribunal y destacó la trayectoria de los magistrados recientemente designados para destrabar el expediente.
Al respecto, el profesional señaló que los últimos en integrar la sala son magistrados de reconocida solvencia intelectual e imparcialidad, por lo que la querella deposita su confianza en que se rechace la apelación de la defensa y se desarrolle finalmente el juicio oral y público.
La tesis acusatoria sostiene que la exjueza habría vulnerado la Ley de Seguridad Fronteriza, que restringe la titularidad de tierras a favor de empresas extranjeras en una franja de 50 kilómetros desde la línea fronteriza paraguaya.
Según el representante de la querella, la acusación toma como base los argumentos expuestos por los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, quienes en su momento votaron por la destitución de Irún ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Sobre este punto, De Vargas explicó que el voto del ministro Benítez Riera enfatiza la importancia de proteger la integridad territorial en las zonas limítrofes. Agregó que la normativa vigente prohíbe taxativamente la titulación de tierras a favor de empresas extranjeras dentro de la mencionada franja de seguridad.
Asimismo, precisó que esta restricción que alcanza a firmas cuyos socios provengan de países limítrofes, también exige además que las sociedades posean acciones nominativas y no endosables para garantizar la transparencia en la propiedad.
La cronología del caso registra que Tania Irún fue destituida en 2021 y posteriormente imputada en enero de 2022 por la fiscal Natalia Fuster. Si bien en 2024 el juez Yoan Paul López ya había elevado la causa a juicio oral, diversas maniobras dilatorias impidieron el inicio de la audiencia.
Ante esta situación, en abril de 2025, el juez penal de Garantías Osmar Legal debió ratificar por segunda vez la elevación a juicio oral. Con la conformación de este nuevo Tribunal de Apelaciones, la querella espera que se destrabe finalmente el proceso para dar inicio al juicio por prevaricato.
