La tradicional Cooperativa San Cristóbal no termina de recuperarse del golpe que significó ser parte del esquema de lavado de dinero en el que fue envuelta a través de su expresidente y exdiputado Juan Carlos Ozorio (actualmente detenido) en el marco del caso A Ultranza Paraguay. Ahora salta otro caso en la entidad y tiene que ver con el intento de venta de acciones de la Financiera Paraguayo Japonesa que pertenecen a San Cristóbal y en el que están involucrados varios directivos, la mayoría, cercanos colaboradores de Ozorio. Hasta ahora, el dinero no aparece y hay denuncias de estafa de por medio.
En 2024, se inició el proceso de venta de las acciones de la Financiera Paraguayo Japonesa, propiedad de la Cooperativa San Cristóbal, cuyo valor sería 3.170 millones. Estas acciones generaban una ganancia anual aproximada de 400 millones de guaraníes.
Varias propuestas de compra fueron recibidas por la cooperativa; entre ellas, tres ofertas. La propuesta considerada más ventajosa fue presentada por DRIVERS Company S.A., indicaron fuentes de la cooperativa. Dichas ofertas fueron evaluadas y validadas por la Junta de Vigilancia (JUVI) antes de ser elevadas al Consejo de Administración. Una vez aprobada la gestión de la venta, la dirección del proceso quedó exclusivamente a cargo del entonces presidente Juan Guillermo Cantero y del gerente administrativo financiero, el Lic. Diego Alfonso, refieren en su relato nuestros informantes.
El 17 de diciembre de 2024, el presidente del Consejo de Administración mantuvo una reunión con representantes de DRIVERS Company. Se desconoce si el encuentro tuvo lugar en las instalaciones de la cooperativa o fuera de ellas, pero lo que aseguran nuestras fuentes es que el presidente tenía en su poder los cartones-acciones, firmados por él mismo, el tesorero Lic. Rogelio D’az y el secretario de actas Diego González, miembros del Consejo de Administración. El presidente de la cooperativa y el gerente administrativo financiero habrían firmado el contrato de venta con el representante de DRIVERS, aunque los detalles y el paradero del contrato siguen siendo inciertos, ya que no pasó por la verificación de la Auditoría Interna ni del Asesor Jurídico de la cooperativa.
El 18 de diciembre de 2024, como supuesto pago por la venta de las acciones, DRIVERS emitió un cheque del Banco Itaú por un monto de 3.065 millones de guaraníes, una cifra inferior al precio de las acciones y que no contemplaba la ganancia generada. Dicho cheque, fechado el 20 de diciembre, permaneció en manos del presidente hasta el 3 de enero de 2025, momento en el que el asesor jurídico exigió su depósito. Sin embargo, tras haber sido retenido por quince días, el cheque fue finalmente depositado a través del Tauser y no en ventanilla, demorándose el cobro 1 a 2 días más. Posteriormente, el banco informó el rechazo del cheque debido a una firma deficiente. Se especula que la operación pudo haber sido premeditada para apropiarse de las acciones y obtener una retribución, aunque la situación se complicó y la transacción no se concretó como se esperaba, afirman nuestros informantes.
Investigaciones extraoficiales sugieren que la cuenta bancaria de DRIVERS no tenía fondos y se cree que la estrategia consistía en vender las acciones en un plazo de 24 a 48 horas para luego obtener el dinero necesario para pagarlas, razón por la cual el cheque permaneció tantos días en poder del presidente. Actualmente, se menciona que las acciones están en propiedad de terceros y que la cooperativa aún no ha recibido pago alguno.
Se han presentado descargos tanto por parte del Asesor Jurídico como del Lic. Diego Alfonso, permitiendo conocer diferentes versiones de los hechos.
Como consecuencia y ante la incertidumbre generada por las irregularidades en el proceso de venta, el Consejo decidió apartar de la presidencia a Juan Guillermo Cantero. Su reemplazo fue asumido por el Lic. Rogelio Díaz, quien había participado en la firma de los cartones-acciones como tesorero y que, según el Acta CONAD 2876/2025, asumió la presidencia el 27 de enero de 2025.
Un dato adicional de relevancia: en junio de 2024, la cooperativa recibió una propuesta de AssistPy en la que ya figuraba DRIVERS Company (el logo DC), mencionándose a un tal Dolsa, nombre que posteriormente aparece en denuncias relacionadas con el caso. Además, se reporta que la JUVI aparentemente no informó de la situación al INCOOP.
Finalmente, el 31 de enero de 2025, DRIVERS presentó una denuncia ante la Fiscalía por estafa contra el expresidente Juan Guillermo Cantero y el Lic. Diego Alfonso, en la que también se menciona a Dolsa. Investigación Fiscal Causa No. 552/2025. Poco después, en febrero, el Asesor Jurídico de la cooperativa denuncia a DRIVERS también por estafa, Causa No. 1088/2025, añadiendo más complejidad al caso.
El proceso de venta de las acciones estuvo marcado por falta de transparencia, contratos sin validación oficial y acusaciones de irregularidades tanto dentro del Consejo de Administración como en la Gerencia General. Al parecer, la operación se maneja con gran discreción, sin comunicación a las áreas correspondientes ni registro en el balance del ejercicio 2024, lo que sugiere la existencia de una serie de maniobras poco claras.
Cuando los números no cuadran: Un análisis de inconsistencias contables
En el mundo de las finanzas, la transparencia y la precisión son pilares fundamentales para la credibilidad de cualquier entidad. Sin embargo, en la revisión de un reciente balance financiero, han emergido inconsistencias preocupantes entre el reporte consolidado y sus detalles internos, indicaron nuestras fuentes. Estos desajustes, lejos de ser simples errores administrativos, podrían reflejar una gestión deficiente o, en el peor de los casos, una intención deliberada de ocultar información, alertaron.
Al examinar las cifras del balance de la Coop. San Cristóbal presentado a la Asamblea Ordinaria de Socios realizada el 26 de abril del corriente en el Salón Gaby Tardiff de la Escuela San Cristóbal. En la Memoria y Balance correspondiente al 2024, encontramos discrepancias entre los importes de la cuenta de Inversiones y Participaciones a diciembre 2024 expresados en el balance por Gs. 35.898.708.036 y su detalle expresado en la Nota 3.21 por solo Gs. 31.104.408.824, observándose una diferencia de Gs. 4.794.299.212. La falta de coherencia en los datos publicados plantea interrogantes clave: ¿se trata de una falla en los controles internos o de una estrategia para distorsionar la realidad económica de la entidad? Expertos en auditoría han señalado que este tipo de irregularidades suele ser señal de alerta que requiere una investigación exhaustiva.
Además, la ausencia de explicaciones convincentes observada en un pedido realizado por la contadora a los responsables referente a la venta de las acciones de la financiera paraguaya japonesa solo alimenta la incertidumbre y confirma que la operación se manejó con gran discreción y sin comunicación a las áreas correspondientes. ¿Estamos frente a un error administrativo o ante un caso de manipulación contable? Los hechos deberán hablar por sí mismos, afirmaron los informantes.
Elección de autoridades y sigue la misma rosca.
El domingo 27 de abril del corriente, se llevó a cabo el proceso electivo para ocupar cargos en el Consejo de Administración de la cooperativa. Llamativamente, se presenta a pugnar nuevamente el expresidente Guillermo Cantero, envuelto en el escándalo de las acciones Py Japonesa. El mismo quedó rezagado entre los más votados, pero sí aparecen entre los candidatos a ocupar cargos en el consejo Juan Ojeda, presidente de la Junta de Vigilancia, quien en sus narices se ha realizado la operación fraudulenta de las acciones; también aparece Diego González, se dice uno de los firmantes en la venta de las acciones. A esto se suman exdirigentes del Movimiento Tenondera, quienes estarían copando el consejo de la mano de un desprendimiento del Movimiento Tenondera denominado «Paraguay Digno», indicaron algunos de los socios que pidieron la reserva de sus identidades.
