La Contraloría General de la República desató una fuerte polémica política y financiera al confirmar oficialmente a la Cámara de Senadores que los millonarios recursos públicos destinados a la organización de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022, administrados por el Comité Olímpico Paraguayo, jamás fueron sometidos a una evaluación técnica.
La documentación presentada por la entidad deportiva durante la pandemia del COVID-19 simplemente se recibió en formato digital debido a las restricciones sanitarias de la época, pero nunca ingresó al circuito ordinario de revisión ni formó parte del Plan General de Auditorías de la institución.
Esta sorpresiva admisión del ente de control enciende las alarmas en el ámbito político, especialmente porque el presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez, se encuentra en plena carrera electoral tras haber sido electo como candidato oficial del Partido Colorado para disputar la intendencia de Asunción en los próximos comicios de octubre. Ante este escenario, la Contraloría, a través de una nota firmada por el subcontralor Augusto Paiva, dejó la pelota en la cancha del Poder Legislativo al aclarar expresamente que las puertas están abiertas para impulsar una Fiscalización Especial Inmediata si el Congreso considera necesario profundizar y esclarecer el destino real de los fondos.
El origen de este pedido de informes estuvo fuertemente marcado por la tensión interna partidaria previa a las elecciones del pasado 7 de junio. Los senadores disidentes Luis Pettengill y Juan Afara fueron quienes impulsaron la iniciativa buscando transparentar el uso del dinero público en las obras ejecutadas en el Parque Olímpico de Ñu Guasu, los contratos con las empresas adjudicadas y las denuncias de los atletas sobre fallas logísticas. En aquel momento, ambos legisladores respaldaban la precandidatura de Arnaldo Samaniego, quien finalmente terminó perdiendo la interna ante el propio Pérez.
Con los resultados electorales puestos y Camilo Pérez consolidado como el candidato colorado para la intendencia capitalina sin haber abandonado su cargo en la organización deportiva, la gran incógnita en los pasillos del Senado es si los legisladores mantendrán la presión política para activar la fiscalización inmediata o si el pacto partidario enfriará la investigación sobre los polémicos fondos de Odesur 2022.
Fuente: ABC Digital
