El esquema de títulos universitarios exprés de la Universidad Sudamericana vuelve a salpicar a altos estamentos del sistema judicial tras revelarse que Widilfo Arévalo Acevedo, actual relator de la Corte Suprema de Justicia, figura en la polémica lista de los 64 egresados que culminaron la carrera de Derecho en apenas tres años.
Arévalo Acevedo, quien actualmente se encuentra comisionado al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados con funciones de director de Gestión Interna y una remuneración mensual superior a los G. 26 millones, comparte procedencia académica con el cuestionado senador con permiso Hernán Rivas.
La situación del funcionario, señalado como una persona de extrema confianza del ministro César Garay, genera serias sospechas debido a que su título data del año 2013, considerando que la referida institución educativa fue habilitada recién en 2010. Este estrecho margen temporal plantea interrogantes sobre la validez y el cumplimiento de los procesos académicos exigidos para acceder al título de abogado, requisito fundamental para ocupar el codiciado cargo de relator en la máxima instancia judicial.
Anteriormente vinculado a las áreas de Recursos Humanos y control de personal dentro del Poder Judicial, Arévalo Acevedo habría ascendido a su actual posición tras el respaldo del ministro Garay, quien incluso lo habría llevado consigo al JEM durante su presidencia en 2025.
Mientras las redes sociales y fuentes del sector judicial exigen una aclaración inmediata, el caso pone nuevamente en tela de juicio los criterios de nombramiento de la Corte Suprema de Justicia, que tiene ahora la obligación legal y ética de corroborar la legitimidad de la formación profesional de uno de sus funcionarios clave con sueldo base de G. 10.800.000 más beneficios. La aparición de su nombre en el puesto número 63 de la nómina difundida ha activado las alarmas sobre la integridad de los títulos otorgados por la Universidad Sudamericana y el impacto de esta irregularidad en la carrera judicial.
Nota de: Observa PY
