El caso del senador cartista Hernán Rivas, cuya validez académica ha sido puesta en duda, ha desencadenado una crisis de credibilidad que trasciende su figura individual y pone bajo sospecha a cientos de profesionales del derecho.
Según datos revelados por el abogado Ezequiel Santagada, la nómina de la Corte Suprema de Justicia registra actualmente a 345 abogados matriculados que egresaron de la Universidad Sudamericana, institución envuelta en la polémica.
Esta situación se vuelve particularmente crítica al analizar los tiempos de formación. De acuerdo con registros periodísticos, la carrera de Derecho en dicha universidad fue habilitada en 2010 y clausurada en 2015, lo que deja un margen de maniobra estrecho para la graduación de tantas promociones. Santagada advierte sobre la existencia de «abogados express» que prestaron juramento apenas tres años después de la apertura de la carrera (2013), mientras que otros casos llamativos muestran graduados que tramitaron sus títulos con un desfase temporal considerable, llegando a matricularse recién en el año 2022.
La persistencia de Rivas en su banca legislativa es vista por otros juristas como un síntoma de degradación institucional. El abogado Federico Legal Aguilar sostiene que los «daños colaterales» de este escándalo evidencian que el uso de títulos falsos es una práctica extendida entre concejales, funcionarios y abogados en ejercicio.
Para Legal Aguilar, la permanencia del senador en el cargo no es solo un problema de idoneidad personal, sino un factor que «destruye la salud de nuestra República», al normalizar la falta de integridad en las esferas más altas del poder público y del sistema judicial.
