El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, aseguró con firmeza que la nueva etapa investigativa abierta contra el senador cartista Hernán David Rivas se desarrollará estrictamente bajo parámetros jurídicos, separando la labor del Ministerio Público de las intensas disputas partidarias que rodean el caso.
Al ser consultado sobre si el permiso otorgado a Rivas por la Cámara de Senadores podría condicionar el avance de las pesquisas, Rolón subrayó que las decisiones parlamentarias pertenecen a un ámbito pasional y político que no debe interferir en la mesura con la que debe actuar la justicia.
Para el titular del Ministerio Público, la labor fiscal debe basarse en evidencias y en el cumplimiento de las normas constitucionales, dejando de lado las presentaciones mediáticas para concentrarse en las defensas y argumentos expuestos dentro del expediente judicial. En ese sentido, reiteró que cada institución tiene su propio campo de acción y que el organismo a su cargo se limitará a evaluar los hechos con imparcialidad, alejándose de los rumores y las presiones externas que suelen caracterizar a las causas con alto impacto público.
Respecto a la seguridad de la fiscala Patricia Sánchez Saldívar, quien lidera la investigación, el fiscal general aclaró que la activación de un protocolo de resguardo responde únicamente a una medida preventiva. Explicó que esta acción no implica el inicio de una causa penal adicional ni la existencia de una amenaza concreta confirmada, sino que se trata de una precaución estándar ante cualquier indicio de riesgo, por mínimo que sea, con el fin de proteger la integridad de los agentes que manejan casos sensibles.
La reapertura de la causa contra Hernán Rivas se oficializó mediante la resolución 1295 del pasado 20 de abril, tras una denuncia presentada por senadores de la oposición. El proceso se centra nuevamente en la presunta utilización de documentos públicos de contenido falso, un hecho que ya había sido objeto de controversia jurídica en años anteriores. La investigación cuenta ahora con el respaldo de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, buscando esclarecer de manera definitiva las circunstancias denunciadas y determinar las responsabilidades legales correspondientes.
Fuente: Última Hora
