El gobierno acelera un nuevo y opaco paquete de adjudicaciones a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipu Paraguay, movilizando más de US$ 10 millones en un esquema que elude deliberadamente la fiscalización de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y el control de la Contraloria.
Bajo el manto de una «transparencia total» que ha sido desmentida por la falta de datos públicos sobre empresas y contratos, la entidad prevé concretar 13 procesos licitatorios entre abril y mayo que suman exactamente G. 64.578.651.046. Entre las obras más onerosas destacan una terminal para buses eléctricos del MOPC en San Lorenzo por G. 24.861 millones y un centro educativo en la misma ciudad por G. 17.872 millones, ambos con sus respectivos y jugosos contratos de fiscalización adjuntos.
La billetera del PTI también se extiende hacia el ámbito de la seguridad y la salud, con presupuestos que incluyen G. 5.696 millones para un parque sanitario en el Hospital Rigoberto Caballero, la compra de polígrafos para la Policía Nacional por G. 1.598 millones y el diseño de diez nuevas comisarías en Central.
Sin embargo, uno de los puntos más críticos del festival de gastos es el millonario desembolso destinado a la propaganda oficialista: solo en pauta digital, segmentación en redes sociales y envíos masivos de SMS se prevén casi US$ 1,2 millones, a lo que se suma el polémico llamado de G. 2.200 millones para la contratación de «influencers» y la organización de megaeventos.
Mientras el Ejecutivo defiende estos movimientos como gestión pública, la realidad técnica confirma que se trata de un presupuesto paralelo que opera fuera del PGN, permitiendo un manejo discrecional de los fondos sociales de la binacional lejos de la mirada ciudadana.
Fuente: ABC Digital
