Un verdadero laberinto de números, leyes y vínculos familiares envuelve por al presidente de la República, Santiago Peña. El epicentro del conflicto es su imponente mansión unifamiliar y oficina de verano en Ciervo Cuá, San Bernardino, valuada en un total de 7.750 millones de guaraníes. El conflicto estalla porque la lujosa propiedad fue edificada por la constructora Gómez Abente SA, una conocida proveedora del Estado, con la cual el mandatario mantiene una millonaria deuda activa que colisiona frontalmente con la legislación vigente, la cual prohíbe taxativamente contratar o beneficiar a firmas acreedoras de altas autoridades para evitar situaciones de colusión y conflicto de intereses.
Los documentos oficiales revelan que el contrato original con la constructora por la obra y el mobiliario ascendió a 900.000 dólares (unos 6.300 millones de guaraníes sin contar el terreno, el cual costó otros 1.450 millones de guaraníes en 2023). Aunque el mandatario realizó dos pagos de 300.000 dólares cada uno entre 2024 y 2025, desembolsando un total de 4.647.312.000 guaraníes, el saldo pendiente es lo que hoy genera un conflicto político: Santiago Peña todavía le debe a su constructor la suma de 300.000 dólares, equivalentes a 2.119.740.000 guaraníes. Para añadir más polémica, el vínculo trasciende lo comercial, ya que existe un componente familiar directo: Claudia Gómez Abente, cuñada del propio jefe de Estado, es hija del dueño de la firma constructora.
Mientras esta millonaria cuenta sigue abierta en el ámbito privado, los negocios de la constructora con el sector público avanzan a paso firme. Una de las adjudicaciones estatales más recientes e importantes otorgadas a Gómez Abente SA es la emblemática construcción de la sede de la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay, un proyecto de gran envergadura para el cual se destinaron 18 millones de dólares, ubicado en un predio cedido por el Ministerio de Defensa Nacional frente al Parque Guasu Metropolitano.
Este millonario saldo pendiente por la residencia de verano actúa como una pieza clave dentro de un rompecabezas mucho más grande que está bajo la lupa de la justicia. La Fiscalía mantiene abierta una investigación formal contra el presidente por supuesto enriquecimiento ilícito, impulsada tras una denuncia presentada por un grupo de legisladores. El foco de los investigadores está puesto en una evolución patrimonial que desafía cualquier lógica financiera común: en el año 2017, al retirarse del Ministerio de Hacienda, Santiago Peña declaró un patrimonio neto de 1.351.000.000 guaraníes; sin embargo, para el año 2023, su riqueza personal trepó de forma astronómica hasta alcanzar los 23.024.000.000 guaraníes. Esta vertiginosa expansión de su fortuna en apenas seis años de actividad en el sector privado es el núcleo de las sospechas, y los cabos sueltos de su deslumbrante mansión de San Bernardino no hacen más que avivar el fuego del debate público.
Fuente: Ultima Hora
