En plena crisis sanitaria de 2020, cuando miles de familias en Ciudad del Este buscaban un plato de comida en medio del encierro por la pandemia, la Municipalidad desembolsó más de 306 millones de guaraníes para adquirir insumos destinados a la elaboración de panificados. Sin embargo, lo que se presentó como una urgente ayuda social derivó en un presunto esquema de corrupción que hoy coloca al exintendente Miguel Prieto en el banquillo de un nuevo juicio oral y público.
La decisión fue adoptada por el juez anticorrupción Humberto Otazú, quien hizo lugar al pedido del fiscal Silvio Corbeta al dar por concluida la etapa preliminar y elevar la causa a la fase final del proceso penal. Sobre el exjefe comunal y sus colaboradores más cercanos pesan serias acusaciones por los supuestos delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
El meollo de la investigación gira en torno a la firma contratada por la vía de la excepción, «Tajy Servicios Generales». La pesquisa del Ministerio Público dejó al descubierto un detalle tan llamativo como contundente: la proveedora pertenecía a un constructor de pozos artesianos —vinculado familiarmente a la expareja de Prieto— y jamás en su historial comercial había expendido o distribuido insumos alimenticios. Para los investigadores, los productos por los que la comuna pagó nunca ingresaron a los depósitos ni llegaron a ser procesados, tratándose de un montaje documental para desviar fondos públicos.
Ante las graves imputaciones, Miguel Prieto mantiene una postura tajante de rechazo. El exintendente defiende la legalidad del operativo asegurando que la materia prima sí fue recibida, que los panes se elaboraron en tiempo y forma y que la asistencia alimentaria efectivamente llegó a las familias vulnerables de la ciudad. Además, atribuyó la acusación a presiones y motivaciones de índole política, sosteniendo que en el debate oral logrará demostrar su inocencia a pesar de que la justicia desestimó su pedido de sobreseimiento definitivo.
El banquillo de los acusados no solo aguarda a Prieto. La resolución judicial salpica también a un grupo de exfuncionarios y allegados a la administración municipal, entre los que figuran Emili Vanessa Florentín, Rubén Florentín, Alex Samhat, Francisco Arrúa, Higinio Acuña y Sebastián Martínez, quienes deberán responder por su participación en el esquema. En contrapartida, otros tres procesados evitaron la instancia del juicio tras obtener la suspensión condicional del procedimiento otorgada por el magistrado.
Con esta resolución, el frente judicial del exjefe comunal de la capital de Alto Paraná suma una nueva complicación de alto impacto. Este juzgamiento se convertirá en el segundo juicio oral que deberá afrontar, manteniéndose en paralelo con la causa conocida como «Tía Chela», en la que se investiga un presunto perjuicio patrimonial aún mayor, estimado en 2.100 millones de guaraníes.
Fuente: ABCDigital
