El Gobierno del presidente Santiago Peña ha decidido dar un giro en su estrategia presupuestaria al abandonar de manera temporal su meta original de consolidación fiscal. La decisión, adoptada tras sincerar una pesada carga de compromisos impagos acumulados bajo la superficie de las cuentas públicas, implica la necesidad de solicitar al Congreso un incremento en el tope del déficit fiscal para los próximos ejercicios.
Las obligaciones no contabilizadas adecuadamente en los registros presupuestarios oficiales alcanzan un monto superior a los USD 1.000 millones —estimado técnicamente en unos USD 1.270 millones—, con un impacto crítico en el abastecimiento del sistema de salud pública y en las obras de infraestructura.
La meta trazada en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), que fija un techo del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) para el déficit financiero del Estado, quedará desfasada frente a la urgencia financiera actual. De acuerdo con las proyecciones informadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el saldo negativo del ejercicio cerrará en torno al 3,2% del PIB, mientras que para el año 2027 se requerirá elevar la autorización presupuestaria hasta aproximadamente el 4% del PIB. Este cambio de rumbo responde a la imperiosa necesidad de recurrir a nuevo endeudamiento y mecanismos de liquidez para saldar las abultadas facturas pendientes con la industria farmacéutica y tratar de normalizar la provisión de medicamentos e insumos básicos en los hospitales del país, además de cubrir compromisos pendientes con las empresas constructoras del sector vial.
Si bien la decisión de reconocer formalmente estos pasivos representa un paso hacia la transparencia de las cuentas públicas —mecanismo analizado previamente en consultas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y exministros de Hacienda—, la alternativa elegida implica costos insoslayables. La mayor emisión de deuda soberana y la flexibilización temporal del tope fiscal demandarán un esquema de controles presupuestarios considerablemente más severos sobre las contrataciones públicas y una reordenación estricta del gasto. Pese al esfuerzo financiero proyectado, las apremiantes necesidades en el sistema sanitario continuarán enfrentando limitaciones estructurales, al tiempo que la carga financiera agregada recaerá, en última instancia, sobre los contribuyentes. Según el plan del Ejecutivo, el retorno a la meta convergente del 1,5% del PIB recién se postergará hasta el año 2028.
Fuente: Luis Bareiro
