Intentar borrar una noticia real y veraz no solo es legalmente inviable: es una forma de censura que pone en riesgo el derecho de toda la sociedad a saber la verdad. Este es el eje del conflicto desatado tras la apelación presentada por Carlos Oscar Fariña Filártiga, quien pretende obligar al medio El Observador a eliminar una publicación de septiembre de 2023.
En aquel artículo, el periódico se limitó a reproducir de forma fiel una acusación fiscal en su contra por el delito de exhibicionismo. Ahora, con el respaldo de un defensor público, el accionante no solo exige borrar dicha información, sino que busca prohibir que vuelva a difundirse en el futuro, sentando un peligroso antecedente para la libertad de prensa.
La respuesta del equipo legal del medio fue tajante al señalar que el hábeas data jamás puede utilizarse como una goma de borrar para alterar la historia o manipular los archivos periodísticos. Aceptar pretensiones de esta índole significaría abrir la puerta a que cualquier persona involucrada en un proceso judicial exija la desaparición de las noticias que le resulten incómodas, debilitando la memoria colectiva y privando a la ciudadanía de acceder a registros judiciales de alto interés público. Por esta razón, la defensa del periódico solicitó al Tribunal de Apelación que rechace de plano el recurso promovido y confirme la sentencia previa que ya había frenado este intento de veto informativo.
Para colmo de males, el caso deja al descubierto una seria distorsión en el sistema judicial: el uso de la Defensa Pública para financiar litigios privados contra los medios. Aunque el Ministerio de la Defensa Pública nació exclusivamente para proteger a personas sin recursos económicos, hoy se observa a ciudadanos con capacidad patrimonial recurriendo a abogados del Estado para demandar a periódicos sin arriesgar un solo guaraní. Mientras el demandante litiga de gratis a expensas de los contribuyentes, el medio de comunicación debe gastar gruesas sumas en su propia defensa legal, creando un juego desigual que asfixia a la prensa y estimula demandas abusivas.
Fuente: Observapy
