Mientras el discurso oficial pregona la austeridad y la eficiencia en el gasto público, la planilla de remuneraciones del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados revela una realidad paralela de privilegios blindados. El director general de Administración y Finanzas, Rubén Ayala Olmedo, encabeza la pirámide de beneficios con una percepción mensual de G. 32.250.000, una cifra que, más allá de la responsabilidad técnica del cargo, pone de manifiesto la desconexión total con la realidad socioeconómica del Paraguay.
Este escenario no es un caso aislado, sino el reflejo de una estructura institucional diseñada para sostener una alta burocracia con salarios que superan con creces el promedio del sector privado.
La estructura de mando del JEM mantiene un estándar de ingresos que oscila entre los G. 26 y 28 millones mensuales para cargos de direcciones generales y secretarías. Nombres como Fernando Barriocanal (Director General de Asuntos Legales), José Edmundo Dávalos (Director General de Talento Humano) y María Graciela Irún Elizeche (Secretaria General) perciben G. 27.950.000. En el siguiente escalafón, Andrea de los Ríos Dellabedova (Directora Financiera), Sara León Criscioni (Directora Jurídico Administrativo) y Natalia Quintana Ruiz se sitúan en los G. 26.093.550. A esta lista se suma el caso de los asesores de la presidencia, quienes perciben G. 13 millones mensuales sin que exista una rendición pública clara sobre la especificidad de sus funciones.
Este esquema de gastos, donde casos como el de Widilfo Arévalo Acevedo (Relator de la Corte que ostenta el título de abogado de la misma universidad que el senador Hernán Rivas, la Sudamericana ) y sus G. 26 millones mensuales pasan a ser simples anécdotas, contradice las promesas de saneamiento administrativo que se repiten en cada cambio de gestión.
El JEM, cuya misión fundamental es velar por la integridad del sistema judicial, se encuentra hoy bajo la lupa no solo por su desempeño jurídico, sino por la perpetuación de un sistema de «festín» presupuestario. La falta de una reforma real en la política salarial del organismo sugiere que la discrecionalidad sigue primando sobre la meritocracia y el compromiso con el ahorro público.
Fuente: ObservaPY
