La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior ha tomado la determinación de separar de su cargo a Nancy Barúa Mosqueda, funcionaria cuyo nombre se encuentra estrechamente ligado a la emisión del cuestionado título de abogado del senador cartista Hernán Rivas.
Esta decisión ocurre luego de que se hiciera público su reciente ascenso y millonario salario en el organismo encargado, irónicamente, de velar por la calidad y legalidad de la educación superior en el país.
Nancy Barúa Mosqueda se desempeñaba como Secretaria General de la Universidad Sudamericana en la época en que dicha institución expidió el diploma a favor de Rivas, un documento que ha sido objeto de procesos judiciales y sospechas de falsedad material. A pesar de estos antecedentes, la funcionaria fue «premiada» con un comisionamiento del Ministerio de Educación y Ciencias a la ANEAES, donde accedió a una remuneración superior a los nueve millones de guaraníes, sumando su sueldo base y generosas bonificaciones.
El contexto de esta remoción se ve acentuado por las persistentes denuncias del abogado y analista Jorge Rolón Luna, quien ha expuesto de manera sistemática lo que denomina la «mafia de los títulos». Según las investigaciones difundidas por Rolón Luna en sus plataformas y columnas de opinión, el caso de Hernán Rivas es apenas la punta del iceberg de una estructura que involucra a instituciones educativas de dudosa legitimidad y a funcionarios del Estado que actúan como facilitadores para el blanqueo de currículos de la clase política.
Rolón Luna ha señalado que los vínculos de Barúa Mosqueda trascienden lo administrativo, apuntando a una red de influencias que incluye a figuras de alto nivel dentro del actual Gobierno. Entre estos nexos destaca la relación de la funcionaria con Hermann Weisensee, asesor del titular del MEC, Luis Ramírez, lo que refuerza la tesis de un sistema de protección y beneficios para quienes participaron en la gestación de documentos académicos irregulares.
La salida de Barúa de la ANEAES se produce en un momento de extrema sensibilidad política, coincidiendo con la reapertura de causas penales por producción de documentos públicos de contenido falso. La opinión pública y referentes del derecho, como Rolón Luna, sostienen que la permanencia de perfiles con este historial en organismos de control académico no solo constituye un conflicto de intereses, sino una afrenta directa a la integridad del sistema educativo paraguayo, que hoy lucha por recuperar la credibilidad frente a la proliferación de títulos «express» para autoridades nacionales.
Fuente: ABC Digital
