El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, se paró frente a sus colegas para defender con firmeza su gestión, calificándola de «responsable, transparente y eficiente».
Sin embargo, detrás de las palabras y los discursos oficiales, la realidad de su administración dibuja un panorama radicalmente opuesto, marcado por privilegios restituidos, maniobras políticas al límite de la legalidad y una grave denuncia penal por un presunto perjuicio multimillonario.
El contraste entre el relato de austeridad y las acciones directas comenzó a consolidarse rápidamente. Apenas unos meses después de asumir el cargo, la gestión de Núñez aprobó un polémico autoaumento salarial que elevó las dietas de los legisladores de 32 millones a casi 39 millones de guaraníes, desatando la indignación de la ciudadanía.
En esa misma jornada, el Senado restableció los viajes en primera clase —un beneficio que había sido eliminado durante la pandemia— y mantuvo un millonario subsidio estatal para rescatar la Caja Parlamentaria. A esto se sumó la opacidad en torno al uso de unos 3 millones de dólares destinados al Parlasur, una información que el legislador cartista evitó esclarecer a pesar de los reiterados pedidos de acceso a la información pública.
El blindaje político y el manejo de las influencias se convirtieron en el sello de su mandato. En una maniobra que rompió los acuerdos de rotación anual, el oficialismo modificó el reglamento interno para asegurar la continuidad de Núñez en la presidencia hasta 2027. Bajo este mismo esquema de protección, el Senado otorgó un inédito permiso sin goce de sueldo al legislador Erico Galeano tras ser condenado a 13 años de prisión por lavado de dinero en el caso “A Ultranza Py”; una polémica licencia no contemplada en la Constitución que la presión ciudadana terminó obligando a revocar.
Poco después, el propio «Bachi» tuvo que renunciar a las millonarias bonificaciones extras que percibía y que habían inflado sus ingresos mensuales a unos 63 millones de guaraníes, sumando más de 839 millones en un año en medio de lo que el Ejecutivo llamaba una «economía de guerra».
La situación escaló a los tribunales cuando el abogado Rubén Penayo presentó una denuncia penal formal contra Núñez. La acusación apunta a un presunto esquema de contrataciones irregulares y favores políticos que incrementó la nómina del Congreso de 2.014 a 2.273 funcionarios en solo dos años, muchos de ellos operadores vinculados a su feudo político en Presidente Hayes. La denuncia estima un daño patrimonial superior a los 40.610 millones de guaraníes por supuesta lesión de confianza, tráfico de influencias y cobro indebido de honorarios.
A pesar de que el oficialismo logró neutralizar investigaciones clave, como la comisión de títulos universitarios falsos, y concretó juramentos cuestionados por incompatibilidad constitucional, Núñez insiste en desmarcarse de las críticas. En su informe, prefirió enfocar los reflectores en la instalación de ascensores, salas de lactancia y 26 desfibriladores en el edificio legislativo. Con una sólida mayoría cartista que asegura su permanencia en el poder hasta 2028, el presidente del Senado se aferra a las mejoras de infraestructura mientras la justicia y la opinión pública escudriñan el verdadero costo de su cuestionada transparencia.
Fuente: ABC Digital
